Enfoque || Guerrero mantiene el segundo lugar del país en asesinatos a periodistas

 

Carlos Díaz Figueroa

Con 18 crímenes registrados en los últimos 25 años, Guerrero ocupa el segundo lugar nacional de asesinatos a colegas y agresiones a la prensa con 51 casos de documentos por la organización defensora a la libertad de expresión.

Así lo puntualizó, la diputada local del PAN, María Irene Montiel Servin en su participación en la tribuna en sesión de pleno, al citar cifras dolorosas entre la intimidación y asesinatos a reporteros en el actual contexto de violencia en Guerrero.

Según, datos oficiales de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actualmente nueve de ellos continúan desplazados de manera forzada, bajo el crecimiento de nivel de violencia.

La legisladora panista reveló una serie de hechos desde anteriores años de crimen y agresiones a reporteros, sin que haya un modelo de seguridad para reducir la incidencia contra responsables en los diversos géneros de la comunicación.

No solo son tales acontecimientos, sino, al igual que los periodistas enfrentan situaciones complejas de beneficio y certeza en el ejercicio responsable con el libre derecho a la libertad de expresión en la construcción a la autocrítica.

Muestra de ello, el diagnóstico de las reglas de operación del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), bajo amenazas y coerción en el precario nivel de actualización, lo que se refleja una libertad de expresión limitada y de autocensura.

Es decir, que se requiere que la ley del fondo haya mejores formas y modelos que persevere la actividad en el ejercicio profesional de los medios de comunicación en altos índices de ética en el derecho y oficio laboral a la información.

Aunque, por lo mismo de una cobertura limitada, los recursos del FAP se ejercen con opacidad entre la irregularidad marginada en el padrón, a manera que se buscan alternativas para ampliar la incorporación de beneficiados al fondo.

Por ello, la diputada Montiel Servin hizo un llamado a conciencia a los tres niveles de gobierno para garantizar el ejercicio de ética y profesional de los comunicadores, porque es apto reconocer que le siguen quedando a deber a la libertad de expresión.