Roberto Santos // Por años, Guerrero ha intentado contener la extorsión con herramientas insuficientes, instituciones debilitadas y una ciudadanía que, ante el miedo, ha terminado normalizando un delito que consume la vida económica y social del estado.
Por eso, el mensaje que lanzó la diputada Citlali Calixto Jiménez desde la tribuna del Congreso fue un llamado con sentido de responsabilidad pública.
Este 9 de diciembre, al presentar el dictamen que reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la diputada planteó la necesidad de recomponer el andamiaje institucional para enfrentar la extorsión, que ella misma describió como “el principal flagelo que amenaza la paz social”.
La legisladora recordó que esta iniciativa deriva del trabajo coordinado entre la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han impulsado una agenda nacional de seguridad orientada a cerrar el paso a las redes que lucran con el miedo de comerciantes, transportistas, empresarios turísticos y familias enteras.
Al armonizar el marco estatal con la nueva política federal, Citlali Calixto manda el mensaje de que Guerrero no puede quedarse atrás en la lucha contra este delito.
Pero lo más relevante de su intervención fue la advertencia que lanzó al interior del propio Congreso: “Las leyes no bastan si no van acompañadas de instituciones fuertes, personal capacitado y una voluntad política sostenida”.
Y tiene razón. Los grupos criminales no ceden ante buenas intenciones; retroceden ante instituciones coordinadas, investigaciones profesionales y una estrategia coherente que incluya inteligencia, tecnología y una coordinación real con la federación.
La reforma planteada fortalece mecanismos de denuncia, permite incorporar información estratégica al Sistema Estatal de Seguridad Pública e inhibe comunicaciones delictivas desde los centros penitenciarios, uno de los puntos más sensibles en la cadena de operación criminal.
Se trata de un paso necesario en un momento en el que la ciudadanía demanda acciones concretas, porque han dejado de creer en discursos.
Calixto fue clara: combatir la extorsión no es solo una labor jurídica, sino un compromiso ético con las familias que viven tras cortinas metálicas bajadas, negocios cerrados o rutas canceladas por miedo a represalias. “Guerrero necesita recuperar la confianza ciudadana”, dijo.
Y esa confianza solo se construye cuando el Estado demuestra capacidad para proteger a quien hoy vive limitado en sus oportunidades.
De ahí que su llamado a las y los legisladores no fuera político, sino moral, votar a favor del dictamen y respaldar una estrategia que ponga por delante el interés de la gente.
Porque, en efecto, este no es un asunto de partido, sino de supervivencia social y económica para Guerrero.
Citlali Calixto ha puesto sobre la mesa una propuesta seria, alineada con una visión nacional y con un propósito claro: reconstruir el camino hacia un Guerrero más seguro.
Ahora toca al Congreso responder con la misma altura de miras y con la responsabilidad histórica que el momento exige.