Roberto Santos // En Guerrero ya son tres mujeres oficiales que han perdido la vida al interior de instalaciones de la Guardia Nacional.
De los tres, dos casos en el municipio de Acapulco, bajo circunstancias similares y con explicaciones oficiales que no convencen ni a las familias ni a la opinión pública que plantea interrogante. ¿Qué está ocurriendo dentro de una corporación que se creó para proteger, pero que hoy parece incapaz de cuidar a sus propias integrantes?
La oficial Dalila “N”, de apenas 23 años, fue localizada sin vida en el estacionamiento de un destacamento el pasado 6 de enero.
El hecho reavivó el dolor de la familia de Stephany Carmona, otra oficial que en octubre de 2025 también falleció en una situación que, hasta hoy, sigue rodeado de dudas.
Dos mujeres jóvenes, dos historias truncadas, un mismo patrón institucional: zonas sin cámaras, falta de iluminación y versiones apresuradas.
Las preguntas son inevitables. ¿Por qué son mujeres las afectadas? ¿Existe dentro de la corporación un entorno de hostigamiento, abuso de poder o prácticas machistas que colocan a las oficiales en una situación de mayor vulnerabilidad? ¿Por qué, ante hechos tan delicados, la respuesta inicial suele minimizar lo ocurrido en lugar de esclarecerlo con transparencia?
Las familias han alzado la voz. María Fernanda Rojas, madre de Stephany, ha denunciado públicamente intentos de silenciamiento y la repetición de irregularidades, como espacios sin videovigilancia, ausencia de registros y mandos que nunca dan la cara. “Lo mismo pasó con mi hija”, ha dicho, con una mezcla de dolor e indignación que ninguna institución ha logrado disipar.
Resulta imposible ignorar la coincidencia, porque en ambos casos no hay imágenes, no hay registros, no hay claridad. ¿Quién es responsable de que las cámaras no funcionen? ¿Quién decidió moverlas, apagarlas o simplemente no instalarlas? ¿Se trata de negligencia o de algo más grave? La falta de respuestas solo profundiza la desconfianza.
La preocupación va más allá de estos dos casos. ¿A qué se enfrentan las nuevas oficiales que hoy ingresan a la Guardia Nacional? ¿Saben que el riesgo no siempre está en la calle, sino dentro de las propias instalaciones? ¿Se les garantiza un entorno seguro, libre de abusos y con mecanismos reales de protección?
En el caso de Stephany, existe la queja de que pese a que hay una persona bajo proceso, la FGR ha insistido en manejar el expediente con una narrativa que las familias consideran ofensiva e insuficiente.
Ante eso, la exigencia es de una investigación profunda e independiente, con perspectiva de género; sanciones para quienes permitieron la falta de vigilancia y seguridad; y acompañamiento real a las familias, no discursos vacíos.
Lo cierto es que no se trata de dañar a la institución, sino de evitar que estos hechos se repitan.
La responsabilidad alcanza a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, como obligación de Estado. En el entendido de que si una corporación federal no puede garantizar la integridad de sus mujeres, el problema es estructural.
Parece evidente que estos tres casos no son una mera coincidencia. Son una alerta que las autoridades deben atender con prontitud.
Y es que mientras esto no se esclarezca con verdad, cada mujer que se ponga el uniforme lo hará con la duda y temor debidamente fundamentada: ¿quién protege a las oficiales que juraron proteger a los demás?