Miguel Angel Santos // La sierra de Concordia, en Sinaloa, como otras regiones del país, volvió a mostrar el rostro más oscuro de la impunidad.
Cuatro de los 14 trabajadores mineros desaparecidos el pasado 23 de enero fueron identificados entre los restos hallados en una fosa clandestina localizada el 6 de febrero en la comunidad de El Verde.
Eran profesionistas que salían cada mañana rumbo a su jornada en los yacimientos concesionados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., hombres que no imaginaban que el trayecto cotidiano terminaría convertido en una sentencia.
Hoy representan el miedo silencioso que se vive en regiones donde la ley no existe frente al control de grupos armados.
Todos ellos fueron privados de su libertad cuando salían del campamento donde vivían.
Sin embargo, la información oficial ha sido escasa y fragmentada. La Fiscalía estatal se limitó a señalar que solo colabora con el traslado y manejo de los cuerpos, mientras que la investigación principal recae en la Fiscalía General de la República, señalada por familiares por su hermetismo y lentitud para informar avances.
La incertidumbre ha sido tan profunda que, ante la falta de respuestas, crece el temor de que la fosa oculte más víctimas.
En esa zona de la sierra, donde la industria minera convive con la presencia de células criminales, el control territorial parece imponerse sobre la autoridad.
Versiones de colectivos de búsqueda aseguran que en el sitio había “muchos cuerpos”, mientras las autoridades evitan precisar el número de víctimas encontradas.
La ausencia de claridad alimenta la sospecha de que se trata de un cementerio clandestino más, uno de tantos que marcan regiones donde el poder real no siempre lo ejerce el Estado.
Desde Canadá, la empresa Vizsla Silver confirmó la muerte de sus trabajadores en un comunicado breve y frío, mientras las familias, atrapadas entre el dolor y la incertidumbre, siguen esperando algo más que condolencias: respuestas, justicia y la recuperación de los que aún no aparecen.