Roberto Santos // En el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) la excepción se convirtió en costumbre.
Una costumbre peligrosa: violar la ley, trastocar la norma electoral interna y forzar procesos ilegales, aun sabiendo que tarde o temprano la justicia alcanza, aunque casi siempre llegue tarde.
La reciente suspensión de la toma de nota otorgada a Javier del Carmen Velázquez Pat por parte del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo es la consecuencia lógica de un proceso electoral viciado desde su origen, conducido —otra vez— por dirigentes sindicales que prefieren doblar la ley antes que respetarla, confiados en que la impunidad los acompaña.
Hoy el SUSPEG, que agrupa a más de 20 mil trabajadores, se queda sin dirigencia formal. No por mala suerte, sino por la reiterada incapacidad de su cúpula para conducir elecciones ajustadas a derecho.
La historia se repite con irregularidades, impugnaciones, amparos y tribunales corrigiendo lo que internamente se decidió ignorar.
Las denuncias no fueron menores. Desde la participación de trabajadores ajenos al sindicato, hasta el señalamiento de que más de cinco mil votantes pertenecían a otra organización sindical, pasando por el registro presuntamente ilegal de un candidato inelegible, con carpetas de investigación abiertas y cobro irregular de plazas. Todo ello ocurrió sin rubor, como si la legalidad fuera un estorbo y no una obligación.
No es casualidad que este sindicato esté fracturado desde hace dos procesos y la ruptura no nació de la base trabajadora, sino de las dirigencias que han hecho de la ilegalidad una práctica recurrente.
Es decir, los liderazgos violan la norma de manera sistemática, erosionan la credibilidad institucional y convierten al sindicato en un campo de batalla permanente, lo que demuestra que han perdido la civilidad.
Así que las protestas, los cierres de calles, las tomas de edificios y los recursos legales no son el origen del problema; son el síntoma.
El fondo es la negativa de quienes dirigen el SUSPEG a someterse a las reglas que ellos mismos están obligados a cumplir. Se elige al margen del estatuto, se ignoran los procedimientos y luego se culpa a los tribunales por “intervenir”.
El golpe no es menor para personajes como la ex secretaria Adela Hernández Angelito, quien ha sido señalada por la planilla Roja como artífice para que el proceso irregular se consolidaría sin contratiempos y permitiría seguir manejando a un sindicato noble, históricamente fuerte, pero hoy debilitado por ambiciones personales.
La suspensión de la toma de nota no prejuzga el fondo del asunto, pero sí envía el mensaje de que la legalidad no es opcional.
El problema es que dentro del SUSPEG ese mensaje parece no aprenderse nunca. Mientras los dirigentes sigan creyendo que el poder sindical está por encima de la ley, el sindicato seguirá entrampado en conflictos internos, debilitado frente al gobierno y traicionando a sus agremiados.
El SUSPEG no necesita más simulaciones ni líderes de facto. Necesita elecciones limpias, reglas claras y dirigencias que entiendan que la ley no se negocia.
De lo contrario, la historia volverá a repetirse, como ya ocurrió antes, y como hoy vuelve a quedar en evidencia.