Roberto Santos // Nos hemos acostumbrado a que en México, la palabra “sindicato” suele ser usada más como consigna que como institución viva, por lo que la iniciativa de reforma sindical del SNTE, presentada por la diputada Citlali Calixto Jiménez introduce un elemento poco común en la política local: coherencia entre discurso laboral y diseño legal.
En Guerrero, hablar de autonomía sindical implica remitirse a momentos históricas, inercias de control político y viejas tentaciones de injerencia gubernamental que durante décadas vaciaron de contenido a las organizaciones de trabajadores.
La reforma que impulsa Calixto Jiménez surge en una mesa técnica con la Sección 14 del SNTE, encabezada por Silvano Palacios Salgado, y revela una apuesta por la construcción colectiva de las reglas del juego sindical.
Eso, en sí mismo, ya marca una diferencia en la cultura laboral, que implica pasar de la simulación consultiva a la corresponsabilidad normativa.
Desde el punto de vista sindical, la iniciativa ataca uno de los nudos más persistentes del corporativismo, como es la intervención de funcionarios públicos en la vida interna de los gremios.
Al tipificar como faltas administrativas graves conductas como la coacción, la amenaza, el uso de recursos públicos o el condicionamiento de derechos laborales a cambio de apoyos sindicales, la propuesta coloca un cerco legal donde antes había discrecionalidad política.
Se trata de cerrar la puerta —como bien apunta el propio Palacios— a excesos que históricamente han debilitado a la base trabajadora.
En términos de cultura laboral, el mensaje es todavía más profundo. La reforma reivindica al sindicato como un espacio de decisión autónoma, no como una extensión informal de la administración en turno.
Eso fortalece la noción de derechos colectivos, dignifica la participación gremial y contribuye a una relación más sana entre autoridad y trabajadores.
No es casualidad que la iniciativa armonice la legislación estatal con las reformas federales al Apartado B del artículo 123 constitucional: se inserta en una lógica de modernización laboral que privilegia derechos, no lealtades forzadas.
Pero toda acción legislativa también tiene lectura política. Y aquí la diputada Calixto Jiménez acumula algo más que puntos parlamentarios.
Su cercanía con organizaciones gremiales, sindicales y profesionales no es simple retórica, sino una agenda concreta que beneficia a miles de trabajadores en el estado.
Esa solidaridad activa le otorga un respaldo social que suele ser más sólido que cualquier estructura electoral improvisada.
En la antesala de futuros procesos electorales, este tipo de iniciativas construyen capital político real. No desde la confrontación, sino desde la confianza y la norma que protege.
La autonomía sindical, bien entendida, no solo fortalece a los trabajadores: también fortalece a quienes deciden apostar por ellos sin intermediarios ni tutelajes.