Roberto Santos // Los revolucionarios que acompañaron a Fidel soñando por un país de libertades, igualdad y riqueza compartida, jamás imaginaron que sus hijos y nietos tendrían que salir de Cuba en busca de mejores condiciones de vida y que muchos de los que se quedaron no podrían ni siquiera pescar o producir para ser autosuficientes.
La revolución que prometía justicia social mutó pronto hacia un régimen autoritario que restringió libertades, concentró el poder y terminó generando nuevas desigualdades.
Lo que comenzó como una promesa de dignidad para el pueblo se transformó con el tiempo en un sistema cerrado, con escaso margen para la crítica, la iniciativa privada o la participación política real, donde el control del Estado sobre la vida cotidiana se volvió asfixiante.
Entre las causas del deterioro están el desgaste de un modelo económico centralizado incapaz de sostener la producción, la dependencia histórica de apoyos externos y la falta de reformas profundas que dinamizaran la economía.
La limitación de actividades productivas independientes, el control absoluto de los recursos y la escasez crónica de alimentos y bienes básicos han erosionado durante décadas la legitimidad del proyecto.
A esto se suman apagones constantes, carencias energéticas y una infraestructura cada vez más deteriorada que obliga a miles de familias a vivir con lo mínimo, enfrentando días enteros sin electricidad y con dificultades para conseguir lo esencial.
¿Qué diría Camilo Cienfuegos si viera cómo una casta militar se volvió poderosa y privilegiada, mientras gran parte de la población sobrevive con lo mínimo? Para muchos críticos, el ideal revolucionario quedó atrapado en una estructura militar que concentró poder y beneficios en una élite, mientras el resto del país enfrenta escasez, migración masiva y falta de oportunidades.
No son pocos los que, dentro y fuera de la isla, miran hacia Estados Unidos y esperan que un eventual endurecimiento de su política exterior presione al régimen y contribuya a abrir un camino hacia cambios políticos en una nación que muchos consideran atrapada en un modelo agotado.
En ese escenario surge en México una nueva discusión que apela a la solidaridad.
En la conferencia matutina de este lunes se propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum instalar puntos de acopio para que los mexicanos donen alimentos, medicinas e insumos para Cuba.
La Armada ya ha enviado cientos de toneladas de víveres y Pemex ha suministrado petróleo en los últimos años.
La intención, en apariencia, es humanitaria, porque nadie puede negar el sufrimiento de un pueblo que padece escasez y carencias profundas.
Pero la pregunta que casi nadie formula es quién garantiza que esa ayuda llegue realmente a las familias cubanas y no termine fortaleciendo la estructura de control del propio Estado.
La experiencia de décadas ha mostrado que en Cuba casi todo pasa por el filtro del aparato gubernamental y militar.
Es ese mismo sistema el que decide qué entra, a quién se le entrega y bajo qué condiciones.
Y es que si la ayuda internacional no tiene mecanismos de verificación independientes, corre el riesgo de convertirse en un instrumento político más, administrado desde arriba.
La solidaridad del pueblo mexicano es genuina, pero: ¿se está ayudando a quienes hacen filas interminables para conseguir comida, o se está alimentando una casta militar que ha sabido sobrevivir gracias al control de cada recurso que llega a la isla?
El pueblo cubano merece apoyo, sin duda. Pero también merece transparencia. Si México quiere ayudar de verdad, la discusión no debería ser solo cuánto mandar, sino cómo asegurarse de que esa ayuda llegue a las manos correctas.
La solidaridad no consiste en enviar víveres, sino en garantizar que no se conviertan en herramienta de control dentro de un sistema que, durante más de seis décadas, ha administrado la escasez como una forma de poder.