De comprobarse que hubo una decisión arbitraria se aplicarán sanciones, dice la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez
Marcial Campuzano // El Congreso del estado comenzó una investigación para saber si se justificaba o no la demolición del edificio de la Biblioteca de la sede del Poder Legislativo, con la advertencia de que se aplicarán sanciones si no hay un dictamen que avale el derrumbe del inmueble, y si se comprueba que hubo irregularidades en el proceso constructivo, toda vez que en un principio se dijo que sólo sería rehabilitado.
La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local Yoloczin Domínguez Serna, dijo que se investiga si existe un dictamen emitido por la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, para saber en qué situación se encontraba estructuralmente el edificio que albergaba la Biblioteca del Poder Legislativo, y saber si esa dependencia estatal avaló mediante dictamen la destrucción del inmueble, “siendo así, nosotros no podremos hacer más”.
Pero advirtió que si no hay un dictamen oficial que avale la destrucción del edificio, habrá una investigación para saber en qué se basaron las figuras que participaron en la demolición del inmueble, porque se trata de un patrimonio del Congreso que no se puede perder “y no se pueden tomar decisiones unilaterales”.
La nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, aclaró a los medios de comunicación que la única información que tenían los diputados en torno a la situación de la Biblioteca, era de que estaba en malas condiciones por el paso de los años, por las afectaciones que dejaron fenómenos meteorológicos y por la actividad sísmica; y que tenía daños superficiales causados por manifestantes por lo que era necesaria una remodelación.
Yoloczin Domínguez expuso que remodelación con demolición son dos términos distintos, por lo que se determinó abrir una investigación hasta llegar al fondo del asunto, con la advertencia de que se aplicarán sanciones si se comprueban irregularidades, “porque aquí no se va a proteger a nadie”.
¿Se aplicará La ley?, se le preguntó:
–Claro que sí porque aquí no estamos protegiendo a nadie, aquí lo único que protegemos es el bien de nuestro Congreso del estado. Respondió la legisladora por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En las investigaciones participa el Comité de Administración del Congreso que preside el diputado perredista Carlos Reyes Torres, para saber en qué se basaron también los integrantes de ese órgano interno del Poder Legislativo, para tomar una decisión referente a la demolición del inmueble.
La legisladora aclaró en la entrevista que concedió en la sede del Poder Legislativo, que varios diputados que integran la Junta de Coordinación Política nunca tuvieron conocimiento, “ni datos exactos referentes a la demolición” del edificio de la Biblioteca, “lo cual es también muy preocupante”.
Se abstuvo de emitir un juicio a priori de si hubo o no irregularidades en la decisión que se tomó, para que fuera demolido el edificio de la Biblioteca del Congreso, porque dijo que no quiere ser irresponsable “hasta tener toda la información en mano, y echar a andar la biblioteca, porque independientemente de la información que haya prevalecido en ese momento, no podemos dejar acéfalo ese espacio, y se tienen que tomar cartas en el asunto” para iniciar nuevamente los trabajos de construcción del nuevo inmueble, indicó.
Informó que en unos días se tendrán los resultados de las investigaciones, para definir si habrá o no sanciones contra quién o quiénes ordenaron la demolición del edificio, en caso de haber incurrido en alguna irregularidad.
En otro tema, la presidenta de la Jucopo informó que trabajan a marchas forzadas para cumplir con las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo plazo vencerá en octubre de este año.
También se trabaja en la integración de los ayuntamientos instituyentes de los nuevos municipios, que tendrán como cabeceras municipales las localidades de San Nicolás, Ñuu Savi, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas, para lo cual el Congreso tiene de plazo hasta diciembre y tomará en cuenta la soberanía de los pueblos que los conforman.
Yoloczin Domínguez recordó que derivado de los acuerdos consensados con los diputados que integran la Jucopo, ya fue designado el titular de la Auditoría Superior del Estado; y fueron aprobados los nombramientos de los titulares de los órganos internos del Congreso del estado, entre éstos del área financiera, de Comisión Social, de Servicios Parlamentarios y del Comité del Instituto de Estudios “Eduardo Neri”.
Dio a conocer que el Congreso del estado publicará una nueva convocatoria, para que sean designados los titulares de los órganos de control interno de las dependencias.