Se atentó contra el patrimonio del Poder Legislativo; las investigaciones irán a fondo porque se incurrió en una falta grave
Marcial Campuzano // La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, advirtió que irán hasta el fondo las investigaciones para sancionar a quién o quienes incurrieron en la falta grave para demoler el edificio de la Biblioteca sin consultar a los 46 diputados, porque se trata de un patrimonio cuya reconstrucción costará más de 20 millones de pesos, porque no sólo basta saber quién fue el que solicitó la destrucción del inmueble.
Recordó que desde que asumió la presidencia de la Jucopo, anunció la apertura de un proceso de investigación para saber quién fue el que solicitó la demolición de la Biblioteca del Poder Legislativo, “y por todos los actos arbitrarios que se cometieron en contra del patrimonio del Congreso”.
Cuidadosa en sus declaraciones, Yoloczin Domínguez aclaró a los periodistas que en ningún momento dio nombres ni apellidos de quiénes pudieran tener responsabilidad en ese hecho. “La adjudicación se la hicieron otras figuras, eso deja en evidencia su participación”, dijo.
La investigación para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones por la destrucción del inmueble, está a cargo de órganos internos del Congreso del estado, entre los que se encuentra la Contraloría Interna y el área Jurídica que tienen bajo su responsabilidad el proceso de entrega-recepción, cuyos responsables recaban toda la información ante las instancias y secretarías del gobierno del estado que tuvieron participación en el tema de la Biblioteca, explicó.
Como parte de las pesquisas, se enviaron oficios a las instancias involucradas en la destrucción de la Biblioteca, entre éstas la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, cuyos titulares dieron respuestas que fueron analizadas, agregó.
La también coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena del Congreso local, dijo a los periodistas que no puede la Legislatura hacer público los avances de las investigaciones “para no entorpecer el proceso”.
Aclaró en la entrevista que fue la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, “quien de viva voz manifestó que recibió una solicitud del anterior presidente de la Jucopo, -Alfredo Sánchez Esquivel-, en la que solicitó la reorientación de los recursos que estaban etiquetados para rehabilitar la biblioteca, y fueron aplicados para demoler la biblioteca”.
Yoloczin Domínguez manifestó que aún con esa declaración que aclaró quién fue el que ordenó la demolición de la Biblioteca, “nosotros continuamos con el proceso de investigación, porque vamos a solicitar que haya responsabilidad legal para todos aquellos actores que tuvieron que ver con estas decisiones de manera unilateral, porque la Jucopo es un órgano colegiado, y si bien como presidenta tengo facultades para tomar decisiones en algunos temas del Congreso, también es cierto que debemos ser muy respetuosos del máximo órgano que es la Jucopo”.
Domínguez Serna consideró que no fue correcto que una persona de manera unilateral, haya decidido utilizar para otros fines el presupuesto que estaba etiquetado para remodelar la Biblioteca, porque fue un recurso que fue aprobado por el pleno de diputados.
Eso que se hizo no fue correcto ni adecuado, “porque primero lo tuvo que haber informado, socializado, consensado con la Junta de Coordinación Política que es el máximo órgano del Congreso”, agregó.
Cuando se quiere reorientar un monto económico que está etiquetado al Congreso, lo correcto es tomar en consideración a la Jucopo, al Comité de Administración y en su defecto al mismo pleno de diputados, pero ninguna de las 3 acciones se llevó a cabo, se tomó una decisión directa, indicó la legisladora de Morena.
Yoloczin Domínguez dijo que en su momento las instancias que participan en las investigaciones, determinarán hasta dónde llegarán las sanciones, “las instancias competentes determinarán lo conducente”.
Consideró como relevante el hecho de que la secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado, haya aclarado quién fue el que solicitó la demolición del edificio de la Biblioteca del Congreso, “porque es un tema que no sólo preocupa a Yoloczin ni sólo a la Jucopo, es un tema que preocupa a los 46 diputados porque se trata del patrimonio del Congreso del estado”.
Dio a conocer que antes de que termine el año 2022, se reactivarán los trabajos de construcción de la Biblioteca, al liberar el gobierno del estado los primeros 10 millones de pesos de un total de 20 millones que fueron etiquetados para la edificación.
Aclaró que la licitación de la obra le corresponderá realizarla al gobierno del estado. “Espero que en estos días demos el banderazo de inicio de los trabajos de la Biblioteca”.
Asimismo, dio a conocer que una vez que terminen las comparecencias de los secretarios de Despacho, la Jucopo valorará la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Eduardo Loría; y a la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos, para que informen también las acciones realizadas en el primer año de gobierno.