Un tema ineludible e irrebatible es la nueva crisis que está sumergida la sociedad acapulqueña por la semi paralización de sus actividades. Fuerzas oscurantistas empeñadas en ejercer el control del transporte urbano y otros, mediante un sistema de extorsiones que funciona a la luz pública, sin que observen medidas drásticas para evitarlo.
Acapulco está viviendo tres crisis recurrentes: la baja ocupación turística; la reconstrucción de viviendas y las altísimas rentas del crimen organizado, que vienen asfixiar la economía local, cuando apenas estaba en proceso de recuperación.
La cuantiosa derrama económica generada por el gobierno federal, ha resultado un platillo apetitoso de intereses de diversa naturaleza para engullirse los recursos, hasta saciar su voracidad sin límites, representando un quebranto para miles de familias indefensas.
Muy poco se ha podido hacer para enfrentar el flagelo delincuencial, que ha mantenido una presencia activa y permanente, a partir de la celebérrima frase del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “ni quiero, ni puedo”, pues con anterioridad se mantenían relaciones encubiertas y sin derramamientos de sangre. Se decía entonces que existían acuerdos con el gobierno para que realizaran actividades delictivas, sin trastocar el orden público vigente.
Se comenzó hablar del rompimiento del tejido social que implicaba la presencia de delitos mayores o de gran envergadura, que impedía la tranquilidad y paz social, añorada en tiempos no muy lejanos.
El crecimiento del crimen organizado en México y Guerrero, se ha diversificado en varias facetas en las dos últimas décadas, dejando un saldo mortífero incuantificable que no cesa hasta la actualidad.
Los altos niveles de corrupción han sido la constante de la permanencia de estos grupos antisociales, que operan en la más absoluta impunidad, a pesar de los vanos intentos de las políticas oficiales en materia de seguridad pública.
El gobierno de la República ha incrementado notablemente las fuerzas armadas, sin obtener resultados, logrando apenas la contención de algunos delitos: secuestro, robos de casas habitación o de automóviles, y mientras el homicidio y la extorsión han cobrado auge.
En consecuencia, los sucesos de Acapulco son parte de la espiral de violencia que se viene sufriendo en los años recientes, ante la indefensión de la gente que no tiene más alternativa de refugiarse en sus hogares o limitar sus actividades cotidianas para no resultar víctimas de hechos delictuosos.
La decisión del gobierno federal de enviar a 10 mil elementos de la Guardia Nacional, fue para impedir nuevos actos de rapiña y a prevenir eventuales acciones criminales. Hasta el momento no han surgido actos de pillaje; mientras los grupos delictivos hacen de las suyas y la preclara inteligencia policial duerme en sus laureles.
Cierto que la rumorología es deporte favorito de algunas personas que se encargan de propalarlos, sin medir el daño que ocasionan, como en cierta medida el caso del transporte urbano. Con justa razón, los choferes de camiones o taxis, determinan transitoriamente frenar sus actividades normales, pues temen por sus vidas.
Marea Baja.- El convenio en materia de seguridad suscrito la semana pasada por las y los gobernadores de Michoacán, Morelos, Estado de México y Guerrero, tiene como objetivo blindar las fronteras de estas entidades federativas en sus límites con la Tierra Caliente.
Se pretende fortalecer la seguridad en carreteras con la implementación de un mando único que coordine las acciones, a fin de combatir la extorsión, la tala ilegal y otros delitos, que se realizan por la fuerte movilidad delictiva de La Familia Michoacana, que ha puesto en jaque a las corporaciones de seguridad pública de esos estados.
Sera tarea de la Mesa Interestatal de Construcción de Paz blindar las zonas limítrofes contra la delincuencia organizada, que se ha posesionado de territorios para cometer sus fechorías cada vez in crescendo, con total impunidad; por lo cual resulta loable esta enésima iniciativa por salvaguardar las vidas e intereses de las poblaciones en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán.
Marea Alta.- La medida anunciada por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, de ubicar un cuartel de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro Cultural Acapulco, en plena Costera Miguel Alemán (Costa Azul), ha levantado protestas en la comunidad cultural y otros sectores de la sociedad.
Se tiene el antecedente qué en el año 1975, el predio fue donado por el filántropo Wolfgang Schoenborn Stuerz, con fines culturales, estableciéndose en ese lugar la Casa de la Cultura de Acapulco, cuyo funcionamiento se venía realizando de manera parcial, con mínimas actividades culturales por contar con presupuestos exiguos.
Gran parte del terreno ha permanecido ocioso en muchos años y con daños severos por el huracán “Otis”, surgiendo así la idea de aprovechar una buena parte para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y blindar esa importante zona del Acapulco Dorado.
Maremoto.- La reconstrucción del nuevo Acapulco requiere no solo la programación de magnos espectáculos como los anunciados por el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, sino de trascendentes proyectos y productos turísticos atractivos e innovadores, que despierten el interés de las potenciales corrientes de visitantes, como certificar la pureza de las aguas marinas o el Cablebús. La ineficiencia de Torruco es manifiesta: se quedó corto y no da para más.
El desastre debe conducirnos a afrontar nuevos retos y oportunidades, que provoquen el renacimiento de este destino turístico y elevarlo a la altura de otros destinos competitivos para que no volvamos al Acapulco que se fue, sino que nos enrutemos hacia un destino superior.