Roberto Santos // El escándalo por el manejo de los recursos públicos en el Ayuntamiento de Acapulco sigue creciendo.
Y no, no se trata únicamente de los ya conocidos 898 millones de pesos que la administración municipal se negó a que fueran auditados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), cifra que por sí sola ya era alarmante.
Según ha revelado el diputado local Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, el monto total por aclarar asciende en realidad a 1,278 millones de pesos.
Sí, leyó bien: mil doscientos setenta y ocho millones de pesos que hoy están bajo sospecha, y cuya falta de transparencia pone en entredicho la administración de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco.
Badillo ha sido claro, al puntualizar que no basta con omitir información ni con evadir auditorías, porque la ciudadanía merece saber qué se hizo con ese dinero y por qué no ha sido debidamente comprobado.
En total, señala que don diez procedimientos de auditoría abiertos contra el gobierno municipal.
Diez oportunidades que ha tenido el Ayuntamiento para rendir cuentas y no lo ha hecho.
Y por si fuera poco, una nueva auditoría correspondiente al ejercicio 2024 ya está en curso. ¿La cifra aumentará aún más?
El diputado Badillo insiste en que el uso indebido de recursos públicos es una falta administrativa, y puede ser un delito penal.
Además de las posibles consecuencias jurídicas, está el impacto moral y político: ¿cómo confiar en una administración que se niega a transparentar sus finanzas?
Acapulco ha sido golpeado una y otra vez por la violencia, por los desastres naturales, por la pobreza.
Pero quizá uno de los golpes más fuertes sea la opacidad. El dinero público debe servir para reconstruir, no para esconderse.
Hoy, la exigencia es clara y la presidenta Abelina López Rodríguez tiene ese gran pendiente, explicar dónde está el dinero.
Y está claro que no se trata de persecución política ni violencia en razón de género, se trata de rendición de cuentas.
Y eso, en una democracia, no es negociable.