Roberto Santos // Este viernes, grupos de mujeres -y hombres- tomaron las calles y el puente principal del municipio de Coyuca de Benítez para exigir justicia para Yosmara, una joven de 24 años que fue brutalmente violada y golpeada por varios jóvenes —algunos ya identificados— en la comunidad de Las Lomas.
Los hechos ocurrieron el 28 de junio. Yosmara fue encontrada en una carretera de terracería, inconsciente, con múltiples golpes y signos evidentes de abuso sexual.
Su cuerpo estaba lleno de moretones, su rostro inflamado, y carecía de ropa interior. La auxiliaron elementos de Protección Civil, quienes la trasladaron de urgencia a un hospital, donde hoy sigue internada, recuperándose de los golpes y enfrentando el trauma psicológico.
Pero la violencia no terminó ahí. Comenzó otra forma de agresión: la institucional. El Ministerio Público de Coyuca de Benítez, lejos de actuar con urgencia y sensibilidad, le negó a la madre de la víctima, Mariela García Bautista, la posibilidad de denunciar, con el absurdo argumento de que debía ser su hija —hospitalizada y en estado crítico— quien presentara la querella.
Un acto de deshumanización que refleja la ignorancia, la negligencia y la falta absoluta de perspectiva de género que reina en muchas oficinas de justicia del estado.
Ese funcionario es parte de un sistema que perpetúa el machismo desde el escritorio, revictimizando a quienes acuden con dolor en busca de justicia.
Este comportamiento no debería quedar solo en el descrédito público: exige una investigación y una sanción penal por omisión y por violación a los derechos fundamentales de las víctimas.
Fue a la 1:30 de la tarde que un grupo de mujeres respondió a la convocatoria de salir a exigir justicia, manifestándose en el centro de Coyuca, donde marcharon vestidas de violeta, con pancartas, consignas y una indignación legítima que fue creciendo hasta que bloquearon el puente que conecta la carretera federal hacia Zihuatanejo después de que encontraron cerrada la oficina del MP.
Ahí las manifestantes no exigieron más que lo que un Estado debe garantizar: justicia y que los violadores sean detenidos.
La protesta también apuntó a las autoridades municipales. Al alcalde Víctor Hugo Catalán Díaz al que le reclamaron la falta de recorridos de seguridad en las comunidades, por la ausencia de acciones preventivas, y por no dar resultados palpables ante un hecho tan grave.
Durante el bloqueo las mujeres continuaron exigiendo justicia.
. “¡Ni una más!”, “¡Justicia para Yosmara!”, gritaban en coro.
El caso de Yosmara no es único. Es parte de una estructura que protege a los agresores —algunos hijos de empresarios locales, quienes incluso se presentaron en el hospital para ofrecer dinero a cambio del silencio— y castiga a las víctimas con indiferencia burocrática. ¿Cuántas Yosmaras más necesita Guerrero para que los MP actúen con perspectiva de género?
La manifestación logró que autoridades estatales se acercaran y dialogaran con las manifestantes. Pero el acceso a la carretera solo se liberó tras compromisos de que ahora sí la FGE las va a escuchar. Aunque el problema sigue porque no hay detenidos. No hay justicia y sigue la impunidad.
Y hay rabia en la población. De esa que no calla. Porque en Coyuca de Benítez, como en muchos rincones del país, la justicia no solo se niega, también se burla de las víctimas desde el escritorio de un Ministerio Público, un reproductor de la violencia machista.