Las penas aumentarán hasta en una mitad y el delito se perseguirá de oficio si: existen amenazas de por medio a la victima de difundir el contenido a cambio de nuevo material íntimo, algún beneficio económico o interés personal; si la víctima sea menor de 18 años o no cuente con la capacidad de comprender el hecho delictivo.
Si la persona afectada pertenece o se encuentra en una condición social vulnerable, sufra de discriminación, sea considerado adulto mayor o persona indígena; sea cometido por razón de género; el sujeto activo sea servidor público en funciones; sea cometido por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral; o sea cometido por el cónyuge, algún integrante de la familia, o comparte alguna relación de afectividad con la víctima.
Además se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de doscientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien publique, circule, divulgue, exponga, exhiba, reproduzca, transmita o difunda a través de internet, material impreso, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio digital, imágenes, videos, audios, datos, información privada o mensajes de odio de contenido real, alterado o apócrifo de otra persona sin su autorización expresa, referente a su vida privada, que dañe la imagen, la dignidad, el honor, la integridad o vulnere algún derecho humano de la víctima.
Guerrero Trejo agregó que la iniciativa plantea también comete el delito de exposición involuntaria a material sexual o violento quien sin el consentimiento de la persona envié videos, audios, imágenes, textos con propuestas sexuales o cualquier otro material de carácter pornográfico, erótico, impetuoso, y se le impondrá de uno a tres años de prisión más multa de quinientos a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Esta iniciativa fue presentada por las diputadas y diputados Noemí Zitle Rivas, María Corina Martínez García, Lucero Ambrocio Cruz, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Rafael Garnica Alonso, Raymundo Lazcano Mejía, Jorge Mayorga Olvera, Salvador Sosa Arroyo, Doralicia Martínez Bautista, Ricardo Baptista González y José Luis Muñoz Soto.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Rosalba Calva García, turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.