Roberto Santos // En Veracruz se ha cruzado una línea peligrosa. El Estado, a través de su Fiscalía, decidió acusar al periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, de t3rr0rism0, una figura penal reservada —al menos en el discurso oficial— para quienes siembran miedo colectivo mediante explosivos, incendios o violencia extrema.
La paradoja es brutal: en una entidad donde grupos criminales han incendiado negocios con bombas molotov y han paralizado comunidades enteras, ninguno ha sido formalmente señalado como terrorista. Pero un reportero incómodo, sí.
La acusación revela un uso discrecional del derecho penal. El delito de t3rr0rism0 existe en el Código Penal veracruzano, pero su aplicación histórica ha sido nula frente a hechos que la propia opinión pública ha calificado como t3rr0rist4.
La vara cambia cuando la crítica apunta al poder. Las transmisiones en vivo de Lafita León, exhibiendo abusos policiales, parecen haber pesado más que incendios, extorsiones o ataques armados. Así, el mensaje es claro: el Estado no teme al CO, teme a la denuncia.
A ello se suma la imputación por encubrimiento por favorecimiento y por delitos contra las instituciones de seguridad pública, la versión recargada de los extintos “ultrajes a la autoridad”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional aquella figura por su amplitud y abuso sistemático.
Veracruz no la derogó; la recicló. Cambió el nombre, conservó el espíritu y mantuvo la puerta abierta para criminalizar la protesta, la crítica o, como ahora, el periodismo de nota roja.
En este contexto, la responsabilidad de la gobernadora Rocío Nahle es ineludible y no puede alegar desconocimiento. O estaba enterada de una investigación “al vapor” que bordea la arbitrariedad, o peor aún, la avaló.
En ambos casos, el daño es institucional: se erosiona la libertad de expresión y se normaliza la persecución penal como herramienta de silenciamiento.
El gremio periodístico ha reaccionado con indignación y razón. No se trata solo de un periodista detenido; se trata del precedente que se intenta sentar.
La enseñanza es que cuando el Estado llama terrorista a quien informa, pero guarda silencio frente a quienes incendian y matan, la justicia deja de ser justicia y se convierte en advertencia. En Veracruz, hoy, el verdadero terror parece ser contar lo que ocurre, mientras quienes delinquen, no reciben el mismo trato.