Marcial Campuzano // El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) José Alfredo Romero Olea, firmó con los dirigentes de los 2 sindicatos universitarios el conjuramiento de la huelga en la máxima casa de estudios, al arribar a acuerdos entre el que destaca el otorgamiento de un incremento salarial a los trabajadores del 3.5 por ciento, y la calendarización de pagos y adeudos diversos.
La cancelación de la huelga quedó registrada en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, en donde el rector dijo a los periodistas que en la UAGro las clases presenciales se normalizaron en un 80 por ciento, con la posibilidad de que la próxima semana llegue al 90 por ciento. Mencionó que el mayor problema se registra en la Facultad de Derecho en donde unos 3,000 estudiantes no tienen dónde recibir clases, porque los 2 edificios que ocupaban resultaron seriamente afectados por el sismo del 7 de septiembre del año pasado.
Con este acto protocolario quedó cancelada la posibilidad de que en este año en la UAGro sean colocadas las banderas rojinegras, esto derivado de los acuerdos que tuvieron los dirigentes de los sindicatos de trabajadores Académicos, y el de Técnicos, Administrativos y de Intendencia de la máxima casa de estudios, que encabezan Ofelio Martínez Llanes y Brenda Alicia Alcaraz González, respectivamente.
El rector señaló que los trabajadores de la universidad y sus líderes sindicales, entendieron la situación económica que enfrenta la universidad, el estado y el país que no permitió otorgar un mejor incremento salarial. Aclaró que el aumento salarial acordado es en base a la capacidad económica que tiene la UAGro.
También hubo solución a muchos casos laborales, al tema de becas de estudios, al pago de adeudos, revisiones de antigüedad de trabajadores, y lo que tiene que ver con requerimiento de personal en algunas escuelas y áreas de la universidad.
Manifestó su satisfacción porque con los dirigentes sindicales encontraron puntos de equilibrios y acuerdos que permitieron el conjuramiento de la huelga.
Romero Olea informó que la máxima casa de estudios tiene un déficit financiero para pagar indemnizaciones y jubilaciones. Aclaró que ese problema lo tienen muchas universidades del país entre éstas la de Zacatecas, Sinaloa y Colima, que incluso han dejado de pagar salarios por la grave situación económica que enfrentan.
El rector informó que su administración mantiene las gestiones ante los gobiernos federal y estatal para obtener recursos económicos extraordinarios, que les permita atender adeudos, así como el pago de indemnizaciones y jubilaciones.
Aclaró que en la medida de sus posibilidades la universidad saldará ese tipo de adeudos, sin que el gasto universitario se desestabilice y sin que se afecte el pago de prestaciones a los trabajadores en activo.
En otro tema el rector informó que avanza satisfactoriamente el regreso a las clases presenciales en la universidad. Sostuvo que hasta este jueves se habían reincorporado a las aulas el 80 por ciento de los universitarios, con la posibilidad de que la próxima semana se llegue al 90 por ciento.
Aclaró que el caso más grave para el regreso a clases está en la Facultad de Derecho, debido a que el sismo del 7 de septiembre del año pasado afectó las estructuras de 2 edificios que tienen alrededor de 40 años de antigüedad, y que por recomendación de Protección Civil no es viable que sea utilizado.
En esos edificios reciben clases alrededor de 3,000 estudiantes para quienes se buscan opciones en otros planteles, o en su caso en carpas que podrían ser instaladas en la cancha de futbol, como ya ocurrió con anterioridad con otras escuelas.
Romero Olea dio a conocer que reactivó las gestiones ante la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, para que los 2 edificios de la Escuela de Derecho sean demolidos y reconstruidos.
Señaló que el sismo del 7 de septiembre del año pasado, también dejó daños considerables a edificios de las escuelas de Economía y Ciencias Químicas de Chilpancingo; a la Preparatoria 2 de Acapulco y a un inmueble de Iguala, que a diferencia de la Facultad de Derecho disponen de capacidad para atender a los estudiantes sin ocupar los inmuebles afectados.