La construcción de viviendas dirigidas a la población en situación de pobreza moderada y extrema es la coordinación directa de ambición y beneficio de la federación en la gestión y visión propia en la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Guerrero cuenta con una población de 3,540,685 habitantes, y según datos del CONEVAL, el 66.4% de ellos vive en situación de pobreza, y el 25.5% en pobreza extrema.
Esto significa que Guerrero representa alrededor del 4.22% de pobreza a nivel nacional, lo que nos da una estimación de al menos 46,420 viviendas que debería recibir el estado, si se actúa con base en criterios de justicia social y proporcionalidad.
Si bien es cierto que existen otros factores a considerar, el gobierno federal deberá responder, toda vez que Guerrero fue uno de los estados que más firmemente respaldó por la continuidad, por lo que merece una atención de beneficio prioritaria.
Por ello, la Gobernadora Evelyn Salgado debe llevar a cabo gestiones concretas en una asignación justa y proporcional, multidisciplinario de absoluta confianza que esté identificando en esquemas de desarrollo de reactivación en vivienda.
De lo contrario se puede correr el riesgo de que esta oportunidad histórica se desperdicie por falta de visión estratégica y voluntad ejecutiva en este programa que se traduce por diversas formas de causas y razones en la justicia social.
La historia nos exige no repetir errores, cuando se reubicaron damnificados, se adquirieron terrenos inviables fuera de los polígonos de desarrollo urbano, como el caso del fraccionamiento ‘El Mirador’ en el municipio de Chilpancingo.
Las viviendas de tal asentamiento en la capital fueron construidas, con materiales traídos desde Atitalaquia, Hidalgo, fueron mal diseñadas, mal ejecutadas y son, hasta la fecha, inhabitables durante la temporada de lluvias.
De tal manera, que la Gobernadora de Guerrero y dado muestra de innovación y visión estrategica, lo que este nuevo esfuerzo nacional, garantizará su gobierno que no se repita en modelos fallidos y con riesgos en dicha construcción.
A lo referente, la mandataria estatal está obligada en diseñar una estrategia de planificación que evite que se aísle y condene a la población a una vida más costosa y precaria, como hoy ocurre con quienes viven en El Mirador en Chilpancingo.
A través de los instrumentos de obras públicas se tendrá que cuidar los controles para asegurar que este programa deje desarrollo local y no marginación disfrazada de vivienda, de lo que por derecho le corresponde a los más necesitados.