Roberto Camps // El proceso electoral reciente abrió un capítulo histórico para el pueblo afromexicano en México. Las acciones afirmativas permitieron que, por primera vez, se lograra una representación significativa en el Congreso de la Unión: cuatro diputaciones —dos por mayoría relativa y dos por representación proporcional— y una senaduría por mayoría relativa.
No obstante, junto a este avance se hicieron presentes intentos de suplantación que buscaron distorsionar el sentido de estas medidas, ejemplo de ello fue el caso de Mario Moreno Arcos y Gabriela Bernal, quienes pretendieron registrarse bajo esta acción afirmativa sin acreditar pertenencia a comunidades afromexicanas. La defensa jurídica de las organizaciones civiles fue decisiva para frenar la usurpación, marcando un precedente en la protección de los derechos político-electorales del pueblo negro.
En medio de estos contrastes, emergen figuras auténticas que honran su raíz y traducen la representación en resultados concretos. Tal es el caso de la senadora Beatriz Mojica Morga, una mujer afrocalentana que se autodefine con orgullo como “hija de una madre negra”. Su trayectoria no es improvisada: ha sido diputada local y federal, mantiene un trabajo constante con comunidades afromexicanas y fundó en 2017 la Fundación Afromexicana Petra Morga y el Museo Afromexicano de Huehuetán. Hoy, desde el Senado, se ha convertido en referente de visibilización y defensa de derechos para la población afromexicana de Guerrero y de todo el país.
Los logros de Mojica son concretos: impulsó el “Panel Internacional de Mujeres Afropolíticas de América Latina y el Caribe”, donde reunió a mujeres afrodescendientes de más de 14 países y contó con la presencia de referentes como Francia Márquez y Epsy Campbell; presentó la iniciativa que logró inscribir en el Muro de Honor del Senado la leyenda “Vicente Guerrero, afromexicano, consumador de la independencia”, publicada en el DOF en marzo de 2025; y propuso una reforma para que el INPI garantice y promueva los derechos y el desarrollo integral de las mujeres afromexicanas. Se trata de avances que marcan la diferencia entre quienes llegan con un compromiso real y quienes intentan disfrazarse para obtener una curul.
Sin embargo, el verdadero desafío no termina en el reconocimiento simbólico ni en la conquista de espacios legislativos. El gran reto está en que las comunidades afromexicanas —particularmente en Guerrero, donde se concentra una parte fundamental de esta población— perciban en su vida cotidiana los frutos de esta representación. La gente no vive de discursos ni de placas conmemorativas: vive de caminos pavimentados, de acceso a agua potable, de escuelas dignas, de hospitales equipados y de oportunidades económicas.
Para que la representación política afromexicana tenga legitimidad plena, es indispensable que los presupuestos públicos incluyan de manera clara y etiquetada recursos destinados a obras y programas en las comunidades negras.
Esto implica un doble compromiso: por un lado, de las y los legisladores afromexicanos para gestionar y vigilar que los recursos lleguen; y por otro, de las instituciones federales, estatales y municipales, que deben dejar atrás la simulación y traducir en políticas públicas el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano.
No basta con decir que Guerrero es cuna de Vicente Guerrero y tierra afromexicana: se requiere que esa memoria histórica se acompañe de justicia social en el presente.
En este contexto, es relevante recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado compromisos concretos con los pueblos afromexicanos, destacando que la Cuarta Transformación debe reconocer su historia y garantizar que las comunidades negras accedan a servicios básicos, programas sociales y oportunidades de desarrollo al mismo nivel que cualquier otro grupo.
Sheinbaum ha señalado la necesidad de fortalecer proyectos de infraestructura comunitaria, educación y cultura como parte del reconocimiento pleno de su identidad y sus derechos. Estos compromisos federales son la base para que la representación legislativa se articule con recursos y acciones reales en los territorios.
Aunque queda un largo camino por recorrer, con el proyecto de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para consolidar estos derechos. se requiere una norma que reconozca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujeto de derecho público, con patrimonio propio y presupuesto directo.
Este estatus de sujetos de derecho público que se otorga a poblaciones racializadas es un acto histórico. Sin embargo, el trabajo apenas comienza, porque la tan anhelada igualdad sustantiva se alcanza con la representación sustantiva de los pueblos y comunidades afromexicanas.
La lección es clara: la representación política del pueblo afromexicano no puede reducirse a un trámite administrativo ni a un simple discurso de ocasión. Está en juego la dignidad de comunidades históricamente invisibilizadas, y esa representación debe traducirse en políticas, presupuestos y resultados palpables. En Beatriz Mojica se encuentra un ejemplo de éxito y autenticidad; en los intentos de suplantación, un recordatorio de que la lucha por los derechos no termina en el registro de una candidatura, sino en la vigilancia permanente para que la voz afromexicana en el Congreso de la Unión sea auténtica, firme y con resultados que transformen vidas.