Roberto Santos // El hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en un paraje del municipio de Eduardo Neri, Guerrero, vuelve a poner sobre la mesa la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país y, particularmente, el estado de Guerrero.
Su asesinato, lejos de ser un hecho aislado, se suma a una larga lista de crímenes que ocurren bajo la mirada de un despliegue militar, Guardia Nacional y policial que no protege, no disuade, no previene, y mucho menos, responde.
¿Cómo es posible que, en un contexto saturado de operativos conjuntos —con Guardia Nacional, Ejército, policías estatales y municipales— un sacerdote desaparezca y termine siendo encontrado muerto? ¿No se suponía que su presencia debía devolver la paz a las comunidades, disuadir a los grupos criminales y garantizar la seguridad de la ciudadanía?
El caso de Bertoldo Pantaleón es trágico, pero no sorprendente.
La violencia en Chilpancingo y municipios aledaños ha sido una constante, y aun con la llegada de fuerzas federales, los asesinatos, desapariciones y enfrentamientos siguen marcando la vida cotidiana.
No se puede entender la muerte de un representante de la Iglesia sin preguntarse qué tan profundo ha calado la impunidad.
¿Qué clase de amenaza representa un sacerdote como para ser asesinado con arma de fuego? ¿Qué mensaje se envía cuando ni siquiera una figura religiosa puede considerarse segura en su propia comunidad?
El gobierno federal ha apostado por el despliegue masivo de fuerzas de seguridad como solución a la violencia estructural.
Pero estos operativos —visibles en retenes, patrullajes y comunicados— se convierten en una triste escenografía que no altera el fondo del problema.
La violencia no se reduce, solo cambia de lugar. Y, a veces, ni eso.
La muerte del padre Bertoldo debe ser un punto de inflexión, no otra estadística en los informes de seguridad. ¿Dónde está la inteligencia operativa? ¿Dónde están los resultados de los llamados “operativos estratégicos”?
Porque si lo único que pueden ofrecernos son más uniformados en las calles sin capacidad real de proteger a la población, entonces estamos ante una simulación peligrosa.
Urge repensar el enfoque. Urge que las autoridades dejen de vender la idea de que más armas y más soldados son sinónimo de paz.
Urge que el Estado deje de fallar en su deber más básico: garantizar la vida de sus ciudadanos. Porque hoy fue un sacerdote. Pero mañana puede ser cualquier vecino.