Marcial Campuzano // La Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado, dio un plazo de 10 días al ayuntamiento de Acapulco para que retire los montones de basura en distintos puntos de la vía pública, para que no se conviertan en focos de infección y contaminación, de lo contrario se aplicarán en una primer instancia procedimientos administrativos, y de haber reincidencia habrá sanciones económicas.
El titular de esa dependencia Alfredo Gómez Suástegui, informó que los compromisos con las autoridades municipales, derivaron de una reunión celebrada el pasado domingo con la participación de Alfredo Sotelo, quien se desempeña como coordinador general de Servicios Públicos Municipales.
Cabe señalar que el gobierno municipal de Acapulco ya fue objeto de 2 alertas sanitarias, que fueron aplicadas por la Secretaría de Salud del gobierno del estado por la proliferación de desechos en la vía pública, por el deficiente servicio de recolección de basura en ese destino de playa.
El funcionario estatal explicó que la Procuraduría de Protección Ecológica, está facultada para proceder en contra de los ayuntamientos cuando son violados artículos de la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
No ocultó que son muchas las denuncias presentadas por particulares que ha recibido la Procuraduría, por la proliferación de desechos sólidos en la ciudad que se convierten en focos de contaminación.
Ante la proliferación de basura en la ciudad, la Procuraduría de Protección Ecológica solicitó al funcionario municipal la presentación de un plan emergente que tome en cuenta los sitios públicos habilitados como basureros, entre los que sobresalen el Mercado Central y la Garita.
Manifestó su confianza de que la autoridad municipal saneará los sitios públicos que la gente habilitó como basureros, ante la falta del servicio de recolección de desechos en ese destino turístico.
A la par con el plan de trabajo, personal de la Procuraduría de Protección Ecológica realiza recorridos para constatar el saneamiento, con la advertencia de que si en el tiempo establecido persisten los focos de contaminación, esa instancia de gobierno llevará a cabo procedimientos administrativos contra el ayuntamiento, y después se determinará si habrá sanciones económicas.