Mientras los diputados guerrerenses intentan irrumpir las tradiciones de los pueblos indígenas a través de reformas en el Congreso del Estado, policías comunitarias que operan en la Costa Chica y en la Montaña de Guerrero se han estado organizando para interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte, con la que esperan mantener vigente los artículos 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y el 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
Es decir: Policías Comunitarias de Guerrero buscan ampararse porque la reeducación, en estas zonas, es la única manera que se conoce para sancionar delitos.
La reeducación ha sido utilizada desde 1985 en los pueblos originarios de Guerrero y estuvo vigente dentro de sus usos y costumbres hasta 2018, cuando fue eliminada por la propia Corte. Raúl de Jesús Cabrera, vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), explica en qué consiste el proceso de reeducación:
“Nuestro reglamento interno nos dice que no hay reparación de daño. Con esa premisa se consensa en una asamblea comunitaria. Se marcan hasta 30 años para delitos graves. En delitos menores, como robo, riñas, los coordinadores somos los que determinamos. Si los afectados quieren llegar a un acuerdo, pues también es permitido”.
En el proceso de reeducación, de acuerdo con De Jesús Cabrera, caben todos: “Tenemos violadores, hemos tenido secuestradores, asesinos de la delincuencia organizada”, dice y se queja de que los diputados locales no los consulten para las reformas con las que pretenden modificar los usos y costumbres de los pueblos.
De Jesús Cabrera está convencido de que regresar el reconocimiento legal al sistema comunitario es posible. “La Ley 701 reconocía a la coordinadora regional de Autoridades Comunitarias, reconocía el sistema de justicia y reeducación comunitaria y estos diputados nos los quitan, nos los desaparecen”.
Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, dice que el tema no sólo tiene que ver con la seguridad en los pueblos.
“Yo pienso que la reeducación es lavarles el cerebro y decirles que es justa la causa que están defendiendo, que están en la verdad. Son los métodos socialistas, los métodos comunistas para lavarles el cerebro. Yo creo que en eso consiste la reeducación”, dice y recuerda que él mismo está amenazado con ser reeducado. “Estoy amenazado por los de la sierra, por los Tlacos. Dicen que me van a tomar prisionero y que me van a reeducar”.
Dice Salvador Alanís, vocero de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo: “Efectivamente, al obispo Rangel le decretamos una orden de detención y reeducación en dado caso de ser detenido por la policía de Heliodoro Castillo”.
La causa por la que el obispo se encuentra en la lista fue por haber intercedido por un grupo criminal. “El año en que entramos a Filo de Caballos, el obispo vino a hablar en nombre de un delincuente, de Isaac Navarrete Celis, líder del cártel del Sur. Nos molestó que un prelado hablara en nombre de asesinos que no merecen ninguna justicia. El obispo está o estaba muy involucrado con la delincuencia”.
Alanís coincide con De Jesús Cabrera: la reeducación sigue vigente en la sierra. “El proceso de reeducación consiste en que el culpable sirva cierto número de horas a la comunidad, ya sea barriendo una calle, limpiando una casa, pintando una escuela. Lo que beneficie a la comunidad”.
—Se cuestiona a la reeducación por la violación de derechos humanos —se le dice.
—Para mí la reeducación es muy importante. Es el saneamiento de las personas que se portan mal en las comunidades.
Alanís dice que se sigue recurriendo a la reeducación por necesidad: “La policía comunitaria de Heliodoro Castillo tiene muchas complicaciones para poner a disposición del MP a los detenidos. Hay que viajar seis horas en carreteras deplorables e inseguras. Se ha delegado a cada comisario que realice el proceso de la reeducación”.
Para el secretario general de gobierno, Ludwid Marcial Reynoso, no es posible reconocer en la ley el sistema de reeducación comunitaria. “No puede ir más allá de lo que establece el derecho constitucional, las garantías individuales, los derechos humanos están contenidos ahí. No pueden romper el marco constitucional, tienen que estar encuadrados dentro del mismo”.