La confirmación la hizo la Secretaria de Obras Públicas Irene Jiménez al comparecer ante diputados
También reveló que legisladores locales recomendaron empresas constructoras para hacer la obra pública
Sostuvo que no habrá subejercicios en la obra pública al cierre de este año
Marcial Campuzano // La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Irene Jiménez Montiel, dejó al descubierto que hay diputados locales que recomendaron a empresas constructoras que no cumplen requisitos para realizar pobra pública; y reveló que fue el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Alfredo Sánchez Esquivel, quien ordenó la demolición del edificio que albergaba la Biblioteca del Poder Legislativo.
Además, asumió el compromiso de que al concluir este año, no habrá en Guerrero subejercicios en materia de obra pública, y dio a conocer que al integrar el padrón único de empresas constructoras, detectó que hay muchas que están boletinadas por malos antecedentes, y que sus propietarios y socios han intentado crear nuevas empresas para obtener contratos, pero que no han prosperado.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial compareció este miércoles ante el pleno del Congreso del estado, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno que en octubre rindió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encuentro en el que dio a conocer a los legisladores que desde hace 43 años Guerrero adolece de un Plan Estatal de Desarrollo.
En este encuentro directo con diputados, la funcionaria destacó que una de las principales tareas realizadas desde que asumió el cargo, fue combatir la corrupción en los procesos de asignación de la obra pública, para que haya en el estado construcciones hechas con calidad, pero sobre todo que los recursos económicos que sean etiquetados sean aplicados a cabalidad.
En respuesta a cuestionamientos que le hicieron legisladores, Jiménez Montiel dijo que en la integración del padrón único de contratistas, detectó que en Guerrero hay muchas empresas que están boletinadas, es decir que tienen malos antecedentes por haber incurrido en irregularidades en la realización de obra pública.
También se detectó que muchas empresas constructoras que se dicen especialistas en distintos temas de la construcción, no probaron tener las especialidades que ofrecen.
Ello motivó a la Secretaría de Desarrollo Urbano a establecer un mecanismo de seguimiento de la obra pública gubernamental, para que verificar los avances físicos y en la aplicación de las inversiones, además de que hay supervisiones para visualizar cómo se hacen las construcciones.
Reveló también que hay empresas constructoras que han intentado falsificar el padrón de contratistas.
La funcionaria informó que en el primer año de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la dependencia a su cargo tuvo un presupuesto de 855 millones 559,557 pesos para para la realización de 403 obras, de las cuales 256 están por concluir; 156 están en proceso de construcción; y el 27 por ciento está en proceso de ser licitada.
Irene Jiménez asumió el compromiso de que al concluir este año, no habrá subejercicios en la obra pública, con la seguridad de que el presupuesto asignado será aplicado a cabalidad.
La funcionaria aclaró a los diputados que algunas obras programadas no podrán ser ejecutadas porque no tienen certeza jurídica, porque los terrenos no tienen derecho de vía y por problemas sociales.
SANCHEZ ESQUIVEL ORDENÓ LA
DEMOLICIÓN DE LA BIBLIOTECA
Parte central de la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fue la demolición del edificio que albergaba la Biblioteca del Congreso local, que fue un tema que metió desde un principio en serios aprietos a la funcionaria, quizás para no generar conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por ese tema fue incluso severamente cuestionada por los diputados Bernardo Ortega del PRD y Alicia Zamora del PRI, porque en un principio intentó ocultar la información requerida sobre quién ordenó la demolición del inmueble, y si hubo o no un dictamen de por medio.
Obligada por las presiones, la secretaria de despacho dijo por fin ya casi al terminar su comparecencia, que fue el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Alfredo Sánchez Esquivel, quien ordenó que el edificio de la biblioteca fuera demolido, previo dictamen que realizó el especialista estructural Ángel Cortés Niño, que es un documento que forma parte de un voluminoso expediente que integró la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que la funcionaria puso a disposición de los legisladores.
De acuerdo a lo narrado por Irene Jiménez, el especialista que elaboró el dictamen recomendó la demolición del inmueble, bajo el argumento de que resultaba más barato derribar el edificio que rehabilitarlo.
El problema se centra ahora en que la decisión de demoler la Biblioteca fue tomada de manera personal y no colegiada, como lo dijo en su intervención el diputado Bernardo Ortega, y lo secundó la legisladora priísta Alicia Zamora, quienes en reiteradas ocasiones pidieron a la secretaria de despacho que les despejara todas las dudas sobre ese tema, para saber quién ordenó la demolición y cuanto costó para aplicar responsabilidades, y le preguntaron cuándo reiniciarán las obras a casi un año de estar totalmente frenadas.
Presionada por el bombardeo de interrogantes sobre ese tema, Irene Jiménez Montiel informó que este miércoles fueron liberados los primeros 10 millones de pesos, de un total de 20 millones de pesos programados para que reinicie la reconstrucción del edificio de la Biblioteca del Poder Legislativo.
También dio a conocer a los diputados que los 66 caminos artesanales que se construyen en 19 municipios de la región de La Montaña y 4 de la Costa Chica, con una inversión federal de 1,084.5 millones de pesos, llevan un avance del 64 por ciento, y que se ha aplicado el 72 por ciento de la inversión programada. Señaló que dichos caminos deberán tener una vida útil de 20 a 50 años.
Informó que la gobernadora Evelyn Salgado realizó gestiones para que los caminos artesanales lleguen a la Región Sierra el próximo año.