* Se trata del apoderado legal de la universidad; además incumplió un convenio que firmó con una trabajadora
Marcial Campuzano // El apoderado legal de la Universidad Autónoma de Guerrero Pablo Valdez Guerrero, fue acusado por una trabajadora universitaria de presunto acoso sexual, y de haber incurrido en supuestos actos de corrupción. La denunciante anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado con víctimas de delitos sexuales, entre éstas trabajadoras y estudiantes de la Preparatoria 9 de Chilpancingo para presentar denuncias formales.
La trabajadora universitaria María Dolores García Castro quien está adscrita en la Unidad Legislativa de la administración central universitaria, denunció además que el referido funcionario de la UAGro no ha dado solución a un convenio para el cumplimiento de derechos laborales que tienen los trabajadores de la universidad, que están plasmados en el Contrato Colectivo de Trabajo a pesar de haber cumplido los requisitos solicitados que están integrados en un expediente.
La trabajadora universitaria colocó un “tendedero” en uno de los muros del edificio de Rectoría, en el que da cuenta de los presuntos actos de acoso sexual cometidos por el funcionario contra una empleada de la institución.
También da cuenta de presuntos actos de corrupción cometidos por el servidor público universitario, consistente en el cobro de dinero para que avancen positivamente los trámites.
El funcionario de la UAGro es acusado de haber acosado a una trabajadora, de la que por razones obvias emitimos su nombre. Como prueba mostró capturas de mensajes “acosadores” que Pablo Valdez presuntamente habría enviado al teléfono celular de la víctima de acoso sexual.
Informó que el jueves pasado, fue visitada por alumnas de la Preparatoria 9 de Chilpancingo, para que las orientara para que procedan legalmente contra maestros y alumnos acosadores.
Asimismo, denunció que a 6 meses de haber solicitado la incorporación de uno de sus hijos para trabajar en la universidad, que es uno de los derechos que tiene como empleada de la máxima casa de estudios que contempla el Contrato Colectivo de Trabajo, no hay respuesta positiva y sólo han dilatado la petición.
María Dolores García narró que en septiembre del año pasado, recurrió a una huelga de hambre ante la falta de solución a su demanda, la cual suspendió con la firma de un convenio con el citado funcionario universitario, en el que se establece que su petición será resuelta satisfactoriamente pero nada ha ocurrido.
El convenio establece que la universidad le concederá una plaza laboral a uno de sus hijos; que le iban a pagar con fecha establecida el seguro por viudez y la indemnización a la que tiene derecho y nada se ha cumplido.
Expuso que en 40 años que lleva laborando en la universidad, no ha hecho uso del derecho que tiene de incorporar a un familiar directo para que labore en la universidad, y que ahora que recurrió a esa conquista sindical le niegan el derecho.
Detalló que el 19 de diciembre del año pasado, su hijo fue convocado para que presentara un examen de evaluación, pero fue suspendido bajo el argumento de que no había entregado algunos documentos. Al respecto afirmó que el expediente está totalmente completo.
María Dolores García informó que acudirá al Tribunal Laboral para denunciar el incumplimiento de convenio y las violaciones laborales. Dijo que a diferencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje el Tribunal resuelve los casos en muy menor tiempo, y que también acudirán a la Fiscalía para presentar denuncias formales por acoso sexual.
Señaló que el rector tiene conocimiento de sus asuntos, pero que no sabe si está enterado de que el convenio no ha sido cumplido.