Roberto Santos // El hallazgo del cuerpo de Basilisa, una menor de edad asesinada en Alcozauca, vuelve a poner frente al espejo una de las prácticas más dolorosas y persistentes en regiones como La Montaña de Guerrero: la convivencia forzada de niñas con hombres adultos bajo el disfraz de usos y costumbres.
Basilisa, al igual que muchas mujeres, es víctima de un sistema cultural y político que permitió que, siendo menor de edad, se “fuera a vivir” con un hombre, ahora señalado como su probable asesino.
En comunidades como Buenavista, del municipio de Alcozauca, donde aún se pactan uniones tempranas como parte de la estructura social, las niñas son entregadas con naturalidad para formar una familia, a costa de su infancia, su educación y, a veces, su vida.
Esta práctica —amparada en tradiciones, pobreza extrema y una justicia ciega— convierte a los hombres en victimarios y a las menores en presas de un sistema que normaliza su sometimiento.
Culturalmente, se sigue tolerando la entrega de niñas a cambio de “dotes”, acuerdos familiares o presiones comunitarias, reforzando un ciclo de violencia donde el consentimiento infantil es una ficción legal.
El asesinato de Basilisa no es un caso aislado, sino el síntoma más extremo de una enfermedad social crónica.
En enero, otra mujer —Leuteria Reyes Benito— fue asesinada brutalmente en esa misma localidad.
La reincidencia de estos crímenes habla de una impunidad estructural, donde ser mujer en La Montaña es un riesgo y una condena silenciosa.
Ante estos hechos, colectivos feministas como Mujeres de Tlapa han alzado la voz, no solo para exigir justicia por Basilisa, sino para demandar la erradicación total de la convivencia forzada y el matrimonio infantil.
La lucha de las mujeres en Guerrero ha encontrado eco en el Congreso local, donde las diputadas Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlalli Calixto Jiménez han presentado iniciativas clave para reformar el Código Penal y Civil del estado.
Meraza plantea que el delito de convivencia forzada se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa, reconociendo que muchas víctimas no pueden —o no se atreven— a hablar.
Calixto, por su parte, propone penas más severas, hasta de 15 años de prisión, y sanciones agravadas para quienes, como padres o tutores, sean responsables de entregar a las niñas.
Junto con el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, estas iniciativas buscan eliminar todas las disposiciones legales que legitimen el matrimonio infantil y la emancipación derivada del mismo.
Este conjunto de reformas representa un avance necesario, pero no suficiente.
El cambio real debe ser también cultural.
Mientras las niñas sigan siendo vistas como propiedad familiar y el matrimonio sea un escape de la pobreza o un deber comunitario, la legislación no bastará.
Hace falta una transformación profunda: educación con perspectiva de género, políticas públicas con enfoque intercultural y un sistema de justicia que llegue realmente a las comunidades indígenas y rurales.
El asesinato de Basilisa debe dolernos como sociedad.
Pero más aún debe indignarnos que su muerte haya sido posible por una cadena de omisiones: de su comunidad, de sus autoridades, y de una sociedad y Estado que sigue sin garantizar el derecho más básico para una niña: crecer libre, segura y viva.