Roberto Santos // La reciente propuesta de la diputada Erika Lorena Lurhs Cortés para reglamentar la Ley de Voluntad Anticipada en Guerrero, aunque en apariencia busca garantizar un derecho humano, se muestra más preocupada por el control ordenado de la muerte que por mejorar la vida de quienes la enfrentan en condiciones terminales.
Es decir, parece haber más pulsión de muerte que pulsión de vida en el fondo de este discurso.
¿Dónde están los reclamos por una atención médica de calidad? ¿Qué hay de los cuidados paliativos dignos y accesibles?
El interés de la diputada está puesto en “el derecho a morir”, cuando no hemos escuchado de ella exigir el derecho a recibir alivio al dolor, acompañamiento emocional, tratamientos humanizados o incluso acceso básico a servicios de salud en muchas regiones del estado.
Lo que se presenta como un avance legislativo progresista —y sin duda toca un punto relevante: la autonomía del paciente— se queda corto, peligrosamente corto, si no se complementa con una política de vida.
Porque sin una red de cuidados, sin infraestructura hospitalaria suficiente, sin médicos capacitados en cuidados paliativos, lo que queda es la oferta de una salida digna… a una vida previamente desatendida.
Hablar de “certeza legal” para quien se encuentra en etapa terminal es legítimo, pero no puede ser la prioridad en un contexto donde ni siquiera hay certeza de atención médica para quienes aún no están en su lecho de muerte.
Si no hay presupuesto para insumos médicos básicos, ¿cómo podemos garantizar la aplicación ética y humanista de una ley de muerte anticipada?
La diputada habla de la libertad de decidir sobre el cuerpo y la muerte. Pero mientras tanto, ¿quién defiende la libertad de vivir sin dolor, con dignidad, con cuidado?
El derecho a morir dignamente no puede suplir el deber del Estado de asegurar que antes de morir, las personas hayan tenido la oportunidad de vivir con atención, con alivio y con amor.
La legislación no debe asumir que el fin de la vida es un trámite, sino el cierre de un proceso en el que la dignidad se ejerce desde el inicio.
Urge una mirada más amplia. Una que incluya la muerte, sí, pero solo como parte de una política de salud integral, humana y compasiva.
Porque dignidad no es sólo decidir cómo morir. También, y sobre todo, es tener derecho a una vida cuidada hasta el final.
Lo dicho: a la diputada parece interesarle más la muerte que la vida de los enfermos.