Por Roberto Santos // Guerrero no es cualquier estado. Es uno de los territorios más complejos del país: profundamente desigual, con brechas sociales históricas, y un entramado cultural atravesado por la resistencia, la marginación y la violencia.
Hablar de seguridad en Guerrero no es sólo hablar de crimen; es hablar de décadas de abandono institucional, de exclusión sistemática y de una cultura política que, en muchos momentos, ha tolerado —o al menos normalizado— la impunidad.
En este contexto, cada acción de gobierno que intente revertir esa normalidad violenta adquiere un valor particular. Por eso, el esfuerzo que ha venido realizando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para construir condiciones de paz en la entidad debe entenderse como un intento genuino —y políticamente complejo— por recuperar lo que durante años ha estado en disputa: el control territorial del Estado.
Durante la semana del 7 al 13 de julio, se reportaron avances concretos en seguridad. Se realizaron 13 detenciones de alto impacto, decomisos de droga y armas, y el aseguramiento de 23 vehículos —muchos con reporte de robo— en municipios clave como Acapulco, Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo.
Estos datos son importantes en una entidad donde la presencia del crimen organizado ha sido estructural, cada operativo exitoso representa no sólo una victoria táctica, sino también un acto de reafirmación del Estado.
Pero los números cuentan una historia más amplia. A lo largo del año, Guerrero ha logrado disminuir la tasa de homicidios dolosos en un 12.3%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La entidad ha salido del grupo de estados con mayor incidencia delictiva. Y esto no es casualidad: responde a una estrategia articulada entre los tres órdenes de gobierno.
Aquí hay un punto político importante. La gobernadora Salgado ha optado por fortalecer la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, donde confluyen las fuerzas estatales, federales y municipales.
Claro, el camino está lejos de ser sencillo. Guerrero sigue siendo un epicentro de desigualdad estructural: pobreza, violencia de género, economías ilícitas, corrupción.
La paz aquí no es un destino inmediato, sino un proceso arduo, de largo plazo. Y, como lo ha dicho la propia gobernadora: la paz no se decreta, se construye.
Este enfoque implica una visión de seguridad que reconoce la dimensión cultural del conflicto. Es decir, en Guerrero, la violencia no sólo es delictiva, también es histórica y social. Construir paz significa también reparar el tejido comunitario, reconocer las causas profundas del resentimiento social, y generar condiciones reales de justicia y desarrollo.
Las acciones de esta semana —más de 6 mil elementos desplegados, 28 órdenes de aprehensión ejecutadas, 12 sentencias condenatorias, algunas con penas de hasta 50 años— no son un punto final.
Son una señal de que, en uno de los estados más difíciles del país, hay una administración que ha tomado en serio el reto de enfrentar la violencia no sólo con operativos, sino con política pública y compromiso institucional.