Roberto Santos // Gobernar Guerrero nunca ha sido tarea sencilla. Su geografía escarpada, su diversidad étnica y cultural, su historia de luchas sociales, así como sus profundas desigualdades estructurales, hacen del estado uno de los más complejos del país en términos de gobernabilidad.
A esto se suma una realidad marcada por la presencia de actores en el estado, resistencias locales al cambio, y una institucionalidad históricamente débil.
En ese contexto, la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llega a su Cuarto Informe de Gobierno con un balance de amplio sentido de justicia.
La mandataria no hace un relato triunfalista, sino que reconoce que sostener la gobernabilidad en Guerrero, y avanzar en procesos de transformación social, implica una dosis permanente de negociación, firmeza, sensibilidad y persistencia.
Desde su inicio, el gobierno de Salgado optó por la cercanía territorial y justicia social, alineada con los principios del humanismo mexicano.
Esa apuesta se ha traducido en una presencia constante en regiones históricamente olvidadas, como la Montaña y la Costa Chica, donde se han impulsado obras de infraestructura largamente esperadas.
Pero independientemente del número de kilómetros pavimentados, de hospitales y clínicas construidas, el mérito de la gobernadora ha estado en atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas y afromexicanas, no desde la lógica asistencialista, sino como sujetos colectivos de derecho.
Inversiones en caminos artesanales, acceso al agua, infraestructura educativa y salud regionalizada han sido pasos importantes, aunque todavía insuficientes frente al tamaño de los rezagos acumulados por décadas.
Un estado como Guerrero también padece tensiones. La administración ha enfrentado conflictos sociales, resistencias políticas, desafíos por parte del crimen organizado y desastres naturales como el huracán Otis y John, que pusieron a prueba la capacidad de respuesta institucional.
En muchos casos, la reacción gubernamental ha sido oportuna; en otros, ha sido cuestionada por su limitada capacidad para atender temas que requieren la ayuda del gobierno federal.
A pesar de ello, la gobernadora ha logrado mantener la estabilidad política, un logro no menor en un estado donde la inestabilidad ha sido constante.
Ha logrado ser respetada por actores políticos evitado fracturas mayores y ha sostenido un discurso que busca reconciliar intereses sin ceder ante los grupos de poder que han intentado imponer agendas propias.
Cuatro años después, lo que se observa en Guerrero no es un cambio radical ni una transformación terminada, sino una transición en curso.
Una transformación social con ritmos desiguales, avances visibles pero también retos persistentes.
Un proceso que exige continuidad, institucionalización de políticas públicas y, sobre todo, una participación activa de los pueblos que han sido históricamente excluidos de las decisiones.
Este Cuarto Informe, representa una rendición de cuentas, pero también debería ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa gobernar Guerrero en el siglo XXI: no administrar la coyuntura, sino construir Estado donde ha imperado el abandono.
Y en ese sentido, más allá de los aplausos, el verdadero juicio para el gobierno de Evelyn Salgado será el de la historia y el reconocimiento que ya le hacen los propios guerrerenses.