Roberto Camps // El Congreso del Estado de Guerrero atraviesa un momento en el que las prioridades parecen invertirse. En lugar de concentrarse en la agenda sustantiva que reclama la ciudadanía, buena parte de la energía política se ha desviado hacia un debate interno: ¿debe mantenerse o no la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena? Esta discusión, legítima dentro de los cauces partidistas, se ha transformado en un factor de distracción que amenaza con convertir al Congreso en rehén de pugnas intestinas.
No se trata de minimizar la relevancia de las definiciones internas, pero el Congreso tiene un mandato superior: legislar para el bien de Guerrero. Y si algo quedó demostrado en el primer año de la 64 Legislatura, es que cuando los diputados ponen en el centro la agenda colectiva, los resultados llegan. En este periodo se aprobaron 353 disposiciones jurídicas, entre ellas 90 leyes, 171 decretos y 92 acuerdos. Reformas de gran calado marcaron ese arranque: la Ley de Reconocimiento y Derechos de las Personas LGBTIQ+, la Ley Camila y la Alerta Violeta, que colocaron a Guerrero en la ruta del respeto, la igualdad y la justicia social. También se avanzó en el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, en materia de género, en la seguridad y en los derechos de las juventudes.
Ese balance muestra que cuando el Congreso actúa de manera colegiada, puede sacar adelante leyes que transforman la vida de las personas.
La pregunta entonces es inevitable: ¿ayuda distraerse en pleitos de coordinación si lo que está en juego es seguir produciendo normas de alto impacto para la sociedad? Cambiar o no a un coordinador puede ser un tema de coyuntura política, pero la parálisis legislativa tiene consecuencias mucho más profundas: frena la modernización, la justicia social y la credibilidad institucional.
La continuidad de la conducción actual, en este contexto, representa una decisión pragmática. No es un cheque en blanco ni un acto de complacencia, sino una apuesta por la estabilidad y la responsabilidad. En momentos en que Guerrero necesita certezas, el Congreso no puede darse el lujo de exhibir debilidad ante la ciudadanía. La gente espera leyes que protejan sus derechos, presupuestos que atiendan sus necesidades y reformas que fortalezcan a las instituciones. No espera pleitos.
El primer año legislativo demostró que hay capacidad de acuerdos, que es posible legislar con altura de miras. Ahora, la prioridad debe ser retomar esa ruta y evitar que la discusión interna distraiga al Congreso de su misión esencial: ser un poder productivo, abierto y al servicio de la sociedad guerrerense.