Por Efraín Flores Iglesias // Al igual que Gabino Barrera, los moradores de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa no entienden razones, porque lo suyo es la violencia.
La mayor parte del ciclo escolar la dedican para vandalizar las oficinas gubernamentales, robar con violencia autobuses de empresas privadas, vehículos oficiales y de particulares, bloquear por varias horas la autopista del Sol y chantajear a las autoridades para exigir diversos apoyos (económicos y materiales).
Desde septiembre de 2014 a la fecha han lucrado con el tema de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y han afectado la economía y tranquilidad de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y otros municipios del estado de Guerrero. Incluso, han trasladado sus protestas a la Ciudad de México.
Su sello ha sido siempre la violencia y la cerrazón. Y dedican poco tiempo al estudio a pesar de que lo tienen casi todo: dormitorios equipados, becas alimenticias, Internet gratuito, uniformes deportivos, material didáctico, equipos de cómputo, etc.
La Normal de Ayotzinapa es una de las instituciones más privilegiadas en Guerrero. De hecho, recibe más apoyo que cualquier otra Normal en la entidad.
Ni siquiera los estudiantes de las diferentes Facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) tienen ese respaldo gubernamental para poder realizar sus estudios de Licenciatura.
Uno de los pocos gobernadores que no se dejó chantajear por los moradores de la Normal de Ayotzinapa fue Zeferino Torreblanca Galindo, ya que optó en sus seis años de gobierno en hacer uso de la fuerza pública para restablecer el orden y el Estado de Derecho.
Lo tacharon de “represor” y “enemigo de las organizaciones sociales”, pero en los hechos evitó que los normalistas y algunas agrupaciones sociales apedrearan o quemaran edificios públicos estratégicos.
Con Ángel Aguirre Rivero las cosas cambiaron. Los consintió demasiado, ya que les entregó dinero en efectivo en 2011 para el pago de un salón de fiestas en Tixtla y les incrementó la ración alimenticia en la escuela, así como un tractor, reparaciones y mantenimiento a infraestructura, 520 uniformes y medicamentos del cuadro básico y preventivo… y plazas para maestro.
En un inicio, la relación entre el gobierno aguirrista y los moradores de Ayotzinapa fue de maravilla, pero esa luna de miel acabó el 12 de diciembre de ese mismo año, porque dos normalistas (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús) murieron en un enfrentamiento con elementos policíacos en el punto conocido como “Parador del Marqués”, en Chilpancingo.
Pero también es necesario señalar que en ese enfrentamiento con las fuerzas del orden, dos normalistas vestidos con camisas rojas, rociaron con gasolina una bomba de combustible en la gasolinera “Eva II” y le prendieron fuego para evitar que la policía los desalojara. Un trabajador de dicha gasolinera, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, tomó un extintor y roció la bomba para evitar que las llamas se propagaran.
Rivas Cámara no se dio cuenta en ese momento de que había una garrafa llena de gasolina encima de la bomba, la cual se derritió por el fuego y explotó, por lo que resultó con quemaduras de tercer grado en el 37 por ciento del cuerpo.
Gonzalo Miguel ya no pudo recuperarse y la madrugada del domingo uno de enero de 2012 falleció. Su acto de heroísmo es recordado hasta la fecha por miles de guerrerenses.
La muerte de Gonzalo Miguel Rivas Cámara sigue impune. Y hasta el momento ninguno de los dos normalistas que pretendieron un mega incendio en Chilpancingo ha sido detenido.
¿Por qué? Porque los moradores de Ayozinapa gozan de total impunidad.
Un verdadero estudiante está en el aula tomando clases o realizando prácticas escolares. Y no anda cometiendo actos terroristas ni robando vehículos y cobrando cuotas en las casetas de las autopistas o del libramiento Chilpancingo-Tixtla.
Un aspirante a ejercer la docencia debe dedicar su tiempo a la lectura y realizar actividades culturales, artísticas y deportivas, y no en lanzar bombas molotov, piedras y cohetones a edificios públicos.
Toda expresión de violencia, provenga de donde provenga, debe ser siempre rechazada y condenada con energía. En ningún caso puede ser usada para resolver diferendos o problemas de cualquier naturaleza.
Además, el Estado de Derecho es una norma de convivencia civilizada que debe ser respetada por todos, sin excepciones.
Es cierto, los normalistas tienen muchas exigencias o peticiones que el gobierno federal les ha incumplido, como es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió mucho en su última campaña presidencial. El caso Iguala es uno de sus tantos pendientes.
Pero, ¿qué culpa tiene el gobierno estatal? Ninguna.
En 2014 gobernaba Ángel Heladio Aguirre Rivero, y no Evelyn Salgado Pineda.
La gobernadora ha mostrado su mejor disposición al diálogo con la Normal de Ayotzinapa, porque es una gobernante que sabe escucha escuchar a las organizaciones sociales y trabajar en la solución de los problemas que lastiman al pueblo de Guerrero.
Su gobierno no reprime a las organizaciones sociales, pero tampoco permite el chantaje, porque su principal prioridad es el bienestar del pueblo y la estabilidad social del estado.
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