Roberto Santos // Dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y aunque esta frase ha sido usada para perpetuar estereotipos dañinos, en ocasiones la realidad parece confirmar que, en ciertos entornos institucionales, el mayor obstáculo para el avance de una mujer comprometida puede provenir, lamentablemente, de otra mujer en posición de poder.
Este parece ser el caso de Layla Herrera Lara, ex procuradora de la Mujer, quien, tras su reciente salida de la dependencia, ha señalado a la secretaria Violeta Pino Girón como responsable de ejercer en su contra violencia económica y psicológica.
Una denuncia seria, publicada por la periodista Lourdes Chávez en El Sur, que debería encender las alertas no solo dentro de la Secretaría de la Mujer, sino en el despacho de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. Con la salida de Herrera Lara, ya son tres las funcionarias que han tenido que dejar su cargo como procuradoras, presionadas por una estructura viciada, sostenida por un grupo de trabajadores que lejos de cumplir con su labor, se han enquistado en la dependencia, haciéndola su feudo y resguardando sus privilegios mediante la descalificación y la intimidación.
Quienes la conocen, saben que Herrera Lara destaca por su seriedad, compromiso y por intentar —desde dentro— dignificar la atención que se brinda a las usuarias.
Quienes trabajaron con ella o conocen de cerca su gestión, la describen como una funcionaria ejemplar, interesada en transformar de fondo una dependencia pública que, en teoría, debería ser un bastión para la defensa de los derechos de las mujeres, pero que en la práctica se ha convertido en un espacio donde impera la negligencia, la corrupción y el acoso laboral.
El verdadero “delito” de Herrera Lara fue buscar que la Procuraduría funcionara como debe, lo que implicaba exigir resultados, transparentar procesos y poner en su sitio a quienes cobraban sin trabajar, a profesionistas sin título ni cédula, e incluso a quienes —según múltiples versiones— solicitaban dinero a las usuarias por brindar un servicio que debía ser gratuito.
Estas acciones, lejos de contar con el respaldo institucional, provocaron el rechazo de quienes se sienten cómodos en la opacidad.
Y lo más grave: encontró en la secretaria de la Mujer una aliada de esos intereses, en lugar de una impulsora del cambio.
La gobernadora Evelyn Salgado ha reiterado en más de una ocasión que su administración tiene como prioridad la atención a las mujeres y la erradicación de la violencia de género.
Por lo tanto, es urgente que se investigue lo que sucede en esta dependencia, que se escuche a las mujeres que han intentado hacer bien su trabajo, y que se tomen decisiones firmes.
Porque permitir que el poder institucional sea utilizado para violentar, acallar y despedir a quienes desean mejorar las cosas es, también, una forma de perpetuar la violencia de género.
Ya no se trata solo de un conflicto laboral: se trata de defender la dignidad institucional de una Procuraduría que no puede seguir siendo rehén de los vicios del pasado.
Si la Secretaría de la Mujer no puede garantizar condiciones mínimas de respeto y profesionalismo para sus propias funcionarias, ¿cómo puede garantizar justicia para las usuarias?
Es necesario un urgente cambio de timón en esa dependencia y un buen inicio sería analizar la actuación de la titular para saber si está capacitada para seguir o no al frente de la Semujer.