Marcial Campuzano // El Congreso de Guerrero prepara una reforma legal para endurecer las sanciones contra quienes cometan o participen en despojo de propiedades, principalmente cuando se trate de servidores públicos involucrados en actos irregulares dentro de catastros municipales y estatales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, anunció que en unos días entregará la iniciativa a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para crear la llamada Ley Antidespojo, que busca castigar con mayor severidad este delito, el cual ha crecido y afecta gravemente la seguridad patrimonial de las y los guerrerenses.
El también coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la 64 Legislatura, expuso que hay casos en los que funcionarios modifican registros catastrales para reconocer a más de una persona como propietaria del mismo bien inmueble, lo cual da pie a conflictos legales que pueden extenderse hasta por 10 años.
Con solo cambiar el nombre del titular en el sistema catastral, se pone en riesgo la certeza jurídica de un patrimonio. Lo grave es que esto ocurre dentro de las instituciones, denunció el legislador local.
Afirmó que la iniciativa para crear la Ley Antidespojo contempla penas más altas de prisión y sanciones administrativas para quienes alteren documentos, expidan constancias falsas o extravíen deliberadamente archivos que sirvan para despojar a una persona de su propiedad.
El legislador fue enfático al señalar que no se trata de un hecho aislado. Dijo que ha sido testigo de varios casos, y la gente se ve obligada a pelear en tribunales aun cuando tiene escrituras, historial legal y todos sus documentos en regla.
Urióstegui explicó que muchas veces estos procesos se originan cuando 2 personas pagan impuestos sobre el mismo predio y el ayuntamiento emite recibos o constancias a ambos, generando un conflicto legal injustificado.
Indicó que este tipo de actos derivan en gastos legales, desgaste emocional y pérdida de tiempo para las familias, y que al final, si el juicio favorece al verdadero propietario, el responsable simplemente se deslinda sin consecuencias.
El derecho a la propiedad debe estar protegido por el Estado, y no vulnerado desde dentro, por eso no se debe permitir que haya funcionarios que juegan con el patrimonio de la gente, señaló.
La propuesta de ley está calendarizada para su presentación en próximos días, y se trabaja para asegurar que cubra todas las lagunas legales que hoy permiten estos abusos.
Se busca que la ley sea un instrumento claro para sancionar y prevenir. Quien tenga todo en regla no debe perder años en tribunales solo porque alguien más pagó un recibo indebido.
En otro tema, Jesús Urióstegui informó que el Congreso está listo para recibir el Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y solo espera confirmación oficial de la fecha y el formato del acto.
“Estamos preparados, una vez que la gobernadora defina si asistirá o no al Congreso, estableceremos la ruta para el desarrollo del informe y, si procede, la glosa correspondiente”, concluyó.