Roberto Santos // Posiblemente a muchos ya se les olvidó. Hace casi un mes, Yosmara, una joven de 24 años de Coyuca de Benítez, fue víctima de una agresión sexual y física brutal por parte de varios jóvenes.
Desde entonces, permanece internada en el hospital del Quemado en Acapulco, sufriendo daños físicos y psicológicos.
Su familia, como en un desierto, clama por justicia.
A pesar de la gravedad de las lesiones que mantienen a Yosmara encamada, no se sabe de la intervención de la burocracia que parasita la Comisión de Derechos Humanos, tampoco del Fiscal General del Estado, quien posiblemente ande de vacaciones en alguna playa del mundo.
Desde un principio se supo que la madre de Yosmara intentó presentar la denuncia y el Ministerio Público, insensible, se negó a recibirla, argumentando que debía ser la víctima quien acudiera a declarar.
Esta respuesta, además de ser insensible, viola protocolos nacionales e internacionales para la atención de víctimas de violencia sexual, volviéndose un grave obstáculo para la búsqueda de justicia y una fuente adicional de dolor para la familia.
Tendrá tantita vergüenza el MP para seguir cobrando su salario, después de violar los derechos de Yosmara.
Lo peor es que horas después de que internaran a Yosmara, uno de los presuntos agresores, acompañado de sus padres, intentó ofrecer dinero para evitar que se procediera legalmente contra sus hijos.
A estas alturas, tampoco el padre ha sido llamado por la justicia ante este intento de encubrimiento y posible complicidad.
“No se pueden comprar los derechos de mi hija. Quiero justicia, no silencio. Quiero castigo, no olvido”, expresó la madre de Yosmara, una exigencia legítima que ya debió ser atendida por las autoridades, que actúan más como mirones que como garantes de la ley.
Este caso refleja la necesidad urgente de que las autoridades actúen con diligencia y sensibilidad, asegurando que se respeten los derechos de las víctimas y se sancione a quienes resulten responsables.
La justicia para Yosmara no puede esperar.