Roberto Santos // Murió de un infarto, dice Roció Nahle, gobernadora de Veracruz. Como si eso fuera consuelo. Como si eso pudiera disfrazar la brutalidad de su secuestro, la humillación de su sometimiento forzado, el terror que vivió arrodillada frente a las cámaras de sus verdugos, obligada a leer el mensaje del crimen organizado.
Como si eso la salvara de haber sido una víctima más de este sistema podrido y esta sociedad enferma que calla, que justifica, que normaliza.
Irma Hernández Cruz no murió de un infarto. Murió asesinada. Su corazón se detuvo, sí, pero lo mataron el miedo, la violencia, la crueldad con la que fue tratada.
Su muerte fue el resultado directo de una cadena de omisiones, complicidades, cobardías. ¿Y ahora qué? ¿Van a archivar su caso como si fuera un accidente cardiovascular? ¿Eso pretende la gobernadora Rocío Nahle cuando, con tibieza, intenta diluir la responsabilidad de quienes la secuestraron y la empujaron a la muerte?
Irma era una maestra jubilada, taxista en sus años de retiro. Tenía 62 años. Y ni su edad, ni su trayectoria, ni su dignidad le sirvieron de escudo ante una realidad salvaje: el crimen organizado manda, cobra cuotas, somete a comunidades enteras, y quien se resiste paga con la vida. ¿Cuántas Irmas más necesita este país para actuar?
La secuestraron en Álamo Temapache, Veracruz. La obligaron a grabar un video que recorrerá el mundo como una pieza de horror, testimonio del poder de las mafias y del fracaso del Estado.
Días después, su cuerpo apareció en un rancho, abandonado como si su vida no valiera nada. Y en efecto: para este sistema, no valía nada.
Las cifras lo gritan: más de diez mujeres son asesinadas cada día. La impunidad en casos de feminicidio supera el 90%.
Cierto, hay leyes, protocolos, fiscalías, campañas y refugios, sí. Todo eso está en papel. Pero en la vida real, ¿dónde están? ¿A quién protegen?
El cobro de piso no es un fenómeno aislado, es una política criminal implantada a la vista de todos, con el silencio de muchos y la permisividad de no pocos. ¿Qué autoridad se atreve a negar que grupos criminales gobiernan territorios completos, dictan reglas y castigos?
Las autoridades estatales se han convertido en testigos mudos, cómplices pasivos de la barbarie. Si el gobierno de Veracruz no puede –o no quiere– garantizar justicia para Irma, entonces debe intervenir la Federación.
Es el momento para que Omar García Harfuch y la Guardia Nacional demuestren que su existencia tiene algún propósito más allá del discurso. Porque si no es ahora, ¿cuándo?
La memoria de Irma exige más que homenajes vacíos o comunicados forenses.
Exige justicia real. Exige detenciones, juicios, sentencias. Exige que se identifique y se sancione no solo a los asesinos, sino también a los funcionarios omisos, a los mandos coludidos, a los que miran hacia otro lado mientras las mujeres son ejecutadas.
Claro que este no es un caso más. Es una evidencia que debería estremecer a todas las instituciones del país, porque la lucha no puede seguir siendo retórica.
O se confronta frontalmente al crimen organizado o nos resignamos a vivir en un estado donde las Irmas mueren solas y humilladas.
La tolerancia cero no puede ser una consigna. Tiene que ser política de Estado.
Porque mientras no lo sea, seguirán muriendo más mujeres. Y cada muerte será también un crimen de Estado.