Miguel Ángel Santos // En Guerrero, el diálogo entre el Congreso de Guerrero y la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiere una carga simbólica y política relevante.
El encuentro “La Corte es tu Casa: Diálogos por la Justicia” no sólo buscó acercar el lenguaje constitucional a la ciudadanía, sino enviar un mensaje de que sin colaboración entre poderes no hay derechos humanos efectivos.
En ese marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, colocó el acento en la necesidad de construir instituciones aliadas, capaces de traducir los principios constitucionales en realidades tangibles para una sociedad marcada por la desigualdad y la desconfianza.
El balance legislativo de 2025 presentado por Urióstegui muestra a un Congreso que presume haber erradicado el rezago legislativo y aprobado requiere formas de alto impacto social, entre ellas las dirigidas a combatir la extorsión, un delito que golpea con fuerza a comerciantes y sectores productivos, particularmente en Acapulco.
En la articulación entre el Legislativo local, el Ejecutivo estatal y la agenda de seguridad nacional refleja que el diálogo interinstitucional puede convertirse en herramienta concreta para responder a exigencias históricas de la población.
En esa misma lógica, las reformas aprobadas —alineadas con las discusiones de la Mesa de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la que participa la gobernadora Evelyn Salgado— buscan fortalecer el marco jurídico, endurecer penas y avanzar hacia un sistema penitenciario más seguro.
A ello se suman los acuerdos construidos en torno al paquete fiscal y las leyes de ingresos municipales, donde el consenso entre fuerzas políticas ha sido presentado como condición para el desarrollo y la gobernabilidad.
Así, el hilo que conecta el diálogo con la Corte y el balance legislativo es la apuesta por una política que privilegia el acuerdo sobre el conflicto.
La propuesta en Guerrero, donde las deudas en materia de derechos humanos siguen abiertas, abrir las puertas a la SCJN y presumir avances legislativos implica asumir el reto de que la cercanía institucional y las reformas aprobadas se traduzcan en justicia cotidiana para quienes por décadas sólo la han visto desde lejos.