(Primera parte)
Por Efraín Flores Iglesias // No soy partidario del desmantelamiento de las instituciones ni los órganos autónomos del Estado mexicano, como tampoco de la aprobación de leyes al vapor. Pero es evidente que muchas instituciones locales y federales ya no tienen razón de ser, como son los casos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG).
En esta ocasión hablaré del TEEG y del desempeño en los últimos cinco años de las magistradas y los magistrados de dicho órgano jurisdiccional, quienes han sido exhibidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como pésimos impartidores de la justicia electoral en Guerrero.
El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero fue creado mediante decreto número 264 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 36, del 1 de mayo de 1992, siendo gobernador de la entidad, el licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
El Pleno del Tribunal, que conforme al artículo 275 del Código Electoral, se integraba por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado que, por mandato expreso del Código Electoral, era quien lo presidía; un magistrado del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
En 1996, el Poder Legislativo local mediante Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial número 43, del 24 de mayo de 1996, aprobó diversas reformas y adiciones a disposiciones del Código Electoral del Estado, entre las que destaca una nueva forma de integración del Pleno y de las Salas del Tribunal Electoral del Estado.
La institucionalización del TEEG es consecuencia del mandato de la Constitución Política Federal, toda vez que los órganos que calificaban las elecciones, tanto federales como estatales en el país, eran los Colegios Electorales.
Durante 24 años, todo marchó bien en dicho órgano electoral. No hubo tantos cuestionamientos hacia sus integrantes. Cuando menos, tenían plena autonomía para votar y emitir sus resoluciones.
De acuerdo a los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado tiene la función de proteger los derechos político electorales de los ciudadanos y garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y su actuación deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Pero, ¿qué creen, amables lectores?
Las señoras magistradas y los señores magistrados no han protegido siempre los derechos político electorales de los ciudadanos ni han garantizado los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.
Y pongo un claro ejemplo:
El 4 de diciembre de 2023 y por unanimidad de votos, el Pleno del TEEG resolvió el expediente TEE/PES/009/2023 para favorecer a la ciudadana Norma Otilia Hernández Martínez, en ese entonces presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, quien cuatro meses antes presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en mi contra y otros periodistas del periódico “Diario de Guerrero”, por presuntos actos de violencia política en razón de género.
El magistrado encargado de estudiar el expediente y proponer la resolución ante el Pleno fue José Inés Betancourt Salgado, un personaje vinculado al viejo régimen y que es muy cercano al ex dirigente estatal del PRI e integrante del Grupo Atlacomulco, Cuauhtémoc Salgado Romero.
El Pleno resolvió inscribir a la directora del periódico “Diario de Guerrero” y a un servidor en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del IEPC, una amonestación pública, una disculpa pública hacia la denunciante, el retiro de notas denunciadas por contener expresiones de VPMG y realizar un curso de género.
Los magistrados del TEEG determinaron de manera injusta la existencia de violencia política en razón de género, al estimar que de su contenido “se advierten expresiones estereotipadas y diferenciadoras en contra de la denunciante, por lo que rebasan la libertad periodística y de expresión”.
Desde luego que no me quedé de brazos cruzados. Tres días después, el 7 de diciembre de 2023, impugné la resolución y presenté un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el juicio enumeré todos los agravios del que fui objeto por el magistrado José Inés Betancourt Salgado y los demás integrantes del TEEG.
Se me violentaron muchos derechos como ciudadano y como periodista para emitir opiniones.
Los magistrados electorales locales actuaron de manera irresponsable al considerar que fui culpable de las imputaciones frívolas que formuló en mi contra la entonces presidenta municipal de Chilpancingo, quien ahora anda queriendo limpiar su imagen a través de un libro que presentó hace unos días en Guadalajara, Jalisco.
Las críticas que formulé en ese entonces en mi columna “Contexto Político” en contra de la susodicha fueron en función de su cargo y no en su condición de mujer.
No conforme con la resolución que se emitió en mi contra y el periódico “Diario de Guerrero”, la ciudadana Norma Otilia Hernández Martínez impugnó también dicha determinación, ya que siempre actuó de mala fe para afectarme legalmente y ante la opinión pública.
Los magistrados Evelyn Rodríguez Xinol, José Inés Betancourt Salgado, Alma Delia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito resolvieron el asunto de manera inadecuada y se evidenciaron como unos pésimos juzgadores, y muy en particular el protegido político de Cuauhtémoc Salgado Romero.
Desde 2020 a la fecha, la gran mayoría de las resoluciones del TEEG han sido revocadas en el TEPJF. Continuará…