(Segunda parte)
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) no gozan de buena reputación ante la sociedad.
Cada vez más son evidenciados por actuar bajo consigna política y por ignorancia jurídica.
El pasado 26 de noviembre, el consejero y ex dirigente estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, los acusó en una conferencia de prensa de retrasar y tergiversar las resoluciones de impugnación, y exigió al Senado de la República designar a mejores perfiles en el TEEG, o en su defecto, que los Tribunales Electorales locales desaparezcan, donde dijo, permea el desconocimiento jurídico.
También señaló que la mayoría de los juicios electorales se resuelven en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En efecto, el TEPJF ha revocado las pésimas sentencias de los magistrados electorales de Guerrero.
El 22 de febrero de 2024, por ejemplo, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF resolvió en sesión pública, revocar la sentencia que el TEEG emitió en mi contra y el periódico “Diario de Guerrero”, al considerar que “los contenidos de dichas publicaciones (columnas periodísticas) de ningún modo incurrieron directamente en ataques personales relacionados con el género de la ciudadana Norma Otilia Hernández Martínez, pues las críticas se dirigieron a cuestionar su desempeño como servidora pública que ejerce un cargo de elección popular y las acciones que presuntivamente ha tomado durante el ejercicio de este en el ámbito político y administrativo”.
También señala que “Por tanto, es que asiste la razón a los planteamientos presentados por el ciudadano Efraín Flores Iglesias (como autor de las mencionadas columnas) y por el periódico Diario de Guerrero, debido a que el TEEG no realizó una evaluación adecuada y ponderada en su conjunto de las cuatro columnas de opinión denunciadas y, por el contrario, se concentró solo en simples fragmentos sin considerar el contexto integral de las mismas”.
Y prosigue: “De una valoración y revisión integral hecha por esta Sala Regional, no es dable advertir a que dichas columnas de opinión hayan tenido como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, en particular, los de la denunciante”.
Mi gran pecado para los magistrados electorales locales fue cuestionar los yerros y excesos cometidos por la entonces presidenta municipal de Chilpancingo.
Pero la Sala Regional fue contundente en su sentencia: “Por ende, si las manifestaciones hechas en las cuatro publicaciones denunciadas se hicieron a manera de opiniones periodísticas, el TEEG debió considerar como expresiones legítimamente amparadas por las libertades de expresión e imprenta, pues no se basaron en razones de género y no tuvieron un impacto diferenciado en la denunciante ni le afectaron de manera desproporcionada”.
Y reitera: “En consecuencia, esta Sala Regional considera que la apreciación del TEEG con respecto al estudio de los elementos 4 y 5 de dicha jurisprudencia, fue inadecuada”.
El TEPJF determinó revocar la resolución del TEEG en mi contra y contra el periódico “Diario de Guerrero”, dejando sin efectos la sanción, las medidas de reparación y garantías de no repetición al no actualizarse la infracción denunciada.
Por eso sostengo que José Inés Betancourt Salgado (pelele de Cuauhtémoc Salgado Romero), Alma Delia Eugenio Alcaraz, Evelyn Rodríguez Xinol e Hilda Rosa Delgado Brito son enemigos de la libertad de expresión.
Lo importante de todo es que la Sala Regional los evidenció como pésimos juzgadores. Y eso no es todo, mis apreciados lectores.
Los señores magistrados no solamente han afectado con sus inadecuadas resoluciones a periodistas y a algunos actores políticos. También han actuado de manera injusta contra algunos ex integrantes de ese órgano jurisdiccional, como es el caso del abogado Emiliano Lozano Cruz, quien fungió como magistrado durante el periodo 2013-2019.
Resulta que a Emiliano Lozano no le pagaron el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Y todo porque fue un personaje incómodo para sus intereses políticos y personales.
Lo grave de todo es que alguien se quedó con su aguinaldo, lo cual es contrario a la ley.
El también ex presidente del Consejo Estatal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Guerrero –hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana– ha sido figura clave
en litigios electorales, impugnando decisiones incluso ante el TEPJF en años como 2018, defendiendo su actuar y derechos como magistrado.
En 2019 promovió un juicio identificado con el número TEE/JLT/001/2019, mediante el que reclama diversas prestaciones a las que argumenta tener derecho por su desempeño en ese órgano electoral, el cual fue turnado a la ponencia de José Inés Betancourt Salgado.
No obstante, el protegido político de Cuauhtémoc Salgado presentó el 3 de diciembre de ese año una solicitud de excusa para conocer y participar en el caso, por lo que se ordenó turnar el expediente TEE/JLT/005/2019 y turnarlo a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz.
¿Y qué creen?
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz es la actual presidenta del TEEG.
Las cosas siguen igual o peor, a pesar de que en su reciente informe de labores destacó muchos logros en el periodo-2024-2025.
La magistrada Eugenio señaló hace unos días en una entrevista que “existe un mito negativo” respecto a la funcionalidad de los órganos electorales locales y que en lo federal “les enmiendan la plana”.
Aseguró que del 75% de resoluciones del TEEG no fueron impugnadas. Pero la realidad es otra.
No estaría mal que la magistrada presidenta del TEEG informe a la sociedad guerrerense a cuánto asciende las prestaciones de fin de año que perciben todos los magistrados de ese tribunal, el pago de celulares, las tarjetas TAG para cruzar autopistas en todo el país y el salario que perciben los asesores de cada magistrado. Digo, si es que realmente hay transparencia en esa institución.
Ojalá más ciudadanos y actores políticos se atrevan a denunciar el actuar de los magistrados electorales locales.
El pueblo de Guerrero no merece magistrados como los que están actualmente en el TEEG, que manchan el nombre de ese órgano jurisdiccional por sus pésimas resoluciones y porque prácticamente a dicha institución la han convertido en Oficialía de Partes del TEPJF.