Marcial Campuzano // El Poder Judicial del estado contará con 5 Tribunales Laborales que tendrán como función principal, atender litigios entre trabajadores y patrones que no logren llegar a acuerdos en los Centros de Conciliación, que ya fueron establecidos para evitar demandas prolongadas que generan gastos a quienes las promueven y a la parte patronal.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Raymundo Casarrubias Vázquez, informó lo anterior. Agregó que mantiene reuniones con los secretarios de Finanzas y de Planeación del gobierno del estado, para asegurar para el próximo año un presupuesto de 1,200 millones de pesos que les permita atender necesidades, contratar personal jurisdiccional, e incrementar los sueldos al personal jurisdiccional que en los últimos 6 años no han tenido movimientos en sus percepciones.
Dos Tribunales Laborales fueron establecidos en Acapulco, mientras que los municipios de Iguala, Zihuatanejo y Chilpancingo contarán con uno cada uno. Su función será resolver en lo más inmediato los asuntos que ventilen para que la justicia sea pronta y ágil.
También fueron creados Centros de Conciliación que dependen de la Secretaría del Trabajo, que sustituyeron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje que están obligadas a concluir al 100 por ciento todos los asuntos administrativos que ventilaron hasta su extinción.
Aclaró que por las restricciones que impuso la pandemia del virus covid-19, prácticamente todas las instituciones tuvieron inactividad, lo cual generó rezago de los asuntos que estaban en trámite. “En lo que respecta al Poder Judicial ya estamos trabajando al 100 por ciento sacando todos los asuntos pendientes, en segunda instancia no hay rezago, vamos al día, en primera instancia sobre todo en Acapulco hay mucha carga de trabajo”, explicó.
Raymundo Casarrubias señaló que el Poder Judicial de Guerrero necesita incrementar el personal jurisdiccional. Como ejemplo citó que un juez civil atiende 2,000 asuntos, “lo cual hace imposible que éstos se lleven en los términos que dice la ley, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo”.
Por eso el Poder Judicial le planteó a la gobernadora la necesidad de más recursos económicos en el presupuesto del próximo año, para contratar a más servidores públicos y cumplir a tiempo”, señaló.
Para la operación del nuevo Sistema de Justicia Laboral, el Poder Judicial de Guerrero recibió de la Federación recursos económicos, explicó.
Aclaró que todo el personal que estaba adscrito en las Juntas de Conciliación y Arbitraje no quedará desprotegido al desaparecer esas instancias de gobierno, sus derechos serán respetados, algunos de ellos se integrarán a los Tribunales Laborales al participar en las convocatorias que publicó el Poder Judicial, otros con seguridad serán acomodados en espacios administrativos por el Poder Ejecutivo.
Aclaró que los Centros de Conciliación dependerán de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los Tribunales Laborales dependerán del Poder Judicial.
En materia presupuestal, Casarrubias Vázquez informó que sostiene reuniones con los secretarios de Finanzas y de Planeación del gobierno del estado, para ver lo relativo a la propuesta de Presupuesto que el Poder Judicial planteó para el próximo año por un monto de 1,200 millones de pesos, 300 millones de pesos más que el autorizado para el actual ejercicio fiscal.
“Estamos planteando cosas muy concretas que requiere el Poder Judicial, espero que se nos autorice porque tenemos más de 6 años sin que los servidores públicos jurisdiccionales tengan incrementos salariales”, dijo.
Aclaró que la reforma laboral que derivó en la creación de los Tribunales Laborales, costó 39 millones de pesos que deben de ser considerados en el presupuesto del próximo año “porque ya se están gastando en este año”, por lo que el presupuesto podría ser superior a los 1,200 millones de pesos.
Dio a conocer que hasta ahora han sido han sido eliminados 10 juzgados penales del sistema tradicional de justicia, que están desahogando asuntos relacionados con homicidios y secuestros.
El titular del Poder Judicial informó que en este año otorgaron un incremento salarial del 13 por ciento y 7 por ciento en prestaciones a los trabajadores de base, y que en esa misma proporción demandan los empleados de confianza que se mejoren sus ingresos, que representaría el pago de alrededor de 20 millones de pesos que no tiene esa instancia de gobierno.