* Sigue la resistencia de autoridades para transparentar el quehacer público y el gasto del presupuesto
* Corresponderá a los órganos de Control Interno de dependencias estatales y ayuntamientos ordenar el cese de funcionarios
Marcial Campuzano // El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIG), promoverá la destitución de 38 sujetos obligados entre presidentes municipales y funcionarios estatales y municipales, por negarse de manera reincidente a proporcionar información a particulares, y a instalar Unidades de Transparencia, independientemente de que serán emplazados a pagar una multa de 10,956 pesos.
El presidente del ITAIG Roberto Nava Castro señaló que ese organismo tiene como tutela, garantizar la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública consagrados en la Constitución Política, por lo que los servidores públicos están obligados a proporcionar información a los particulares sobre las actividades que realizan, y de la aplicación de los presupuestos que tienen asignados.
La idea es que con la información proporcionada, los ciudadanos se conviertan en una contraloría social, porque no están impedidos para solicitarle a la autoridad la rendición de cuentas, y si ésta se niega será sujeta de las medidas de apremio que establece la Ley de Transparencia, como puede ser la aplicación de sanciones administrativas y económicas.
Recalcó que en Guerrero persiste la resistencia de sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Una evaluación reciente dejó al descubierto que 38 sujetos obligados entre ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos, ponen resistencia en el cumplimiento de información solicitada por ciudadanos.
Citó que el artículo 197 de la Ley de Transparencia, establece que aquel servidor público que incumplió o fue omiso en el cumplimiento de la obligación de transparencia, debe ser sujeto de una multa económica por un monto de 10,956 pesos, y dependiendo de la omisión o si hay reincidencia la sanción será de hasta 110,000 pesos que deben pagar de sus recursos propios, no de los presupuestos que tienen asignados.
El año pasado el ITAIG aplicó multas económicas a 37 servidores públicos estatales y municipales, por incumplir con la obligación de proporcionar información pública a particulares.
Señaló que los partidos políticos, algunos sindicatos y la Universidad Autónoma de Guerrero, están obligados a transparentar los recursos que gastan porque en el caso de los partidos políticos reciben financiamiento público a través del Instituto Electoral, mientras que la universidad recibe subsidio federal y estatal.
De los 7 partidos con presencia en Guerrero, sólo 1 incumple al no proporcionar información, el resto está cumpliendo con las solicitudes de que presentan los ciudadanos, además de que tienen unidades y comités de transparencia.
El presidente del ITAIG informó que 38 titulares de instancias de gobierno conocidos como sujetos obligados, serán denunciados ante los órganos internos de control, que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos deberán iniciar los procedimientos de responsabilidad sancionatorios, por incumplimiento de información solicitada por particulares. De todos el ITAIG solicitará que sean destituidos, a reserva de que cada uno recibirá una multa económica por un monto de 10,956 pesos.
Recordó que anteriormente las denuncias eran presentadas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado que era el órgano que aplicaba las sanciones, pero hubo reformas y ahora esa responsabilidad recayó en los órganos de control interno que deben tener las dependencias estatales, los organismos públicos y los ayuntamientos.